El exjefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I de la policía de la provincia, Marco Antonio N., fue condenado por agredir físicamente mientras le apuntaba con el arma de fuego reglamentaria a otro hombre, a raíz de una discusión generada por una maniobra de tránsito.
Así fue resuelto por el juez Martín Torres en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos realizado en los tribunales de la capital provincial, informó oficialmente la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La condena también le fue impuesta porque durante más de un mes utilizó con fines particulares una moto de la policía provincial.
Además de la pena, que resultó de la unificación con otra anterior que ya pesaba sobre el exjefe policial, se le impuso una inhabilitación especial por la que no podrá prestar funciones como agente de la fuerza provincial por tres años; el pago de una multa de 203.400 pesos y la obligación de donar 50.000 pesos a la Asociación Civil La Casa de Juan Diego. Tampoco podrá portar ni tener armas de fuego, y se le prohibió el contacto con la víctima, ya sea de forma directa o indirecta, a través de cualquier medio.
La investigación que permitió llegar a la condena fue realizada por el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
Marco N. reconoció expresamente su responsabilidad penal en los dos hechos ilícitos que le atribuyó la Fiscalía. En tal sentido, tanto él como su Defensa aceptaron los hechos por los que fue acusado, la calificación legal, la pena y el procedimiento abreviado. Por su parte, la víctima también prestó su conformidad con lo dispuesto.
A LAS PATADAS CON EL
ARMA REGLAMENTARIA
Las amenazas y las lesiones que le produjo Marco N. a la víctima fueron cometidas alrededor de las 20:30 del sábado 25 de septiembre de 2021 en inmediaciones de Llerena y Aristóbulo del Valle de la capital provincial.
“Marco N. estaba en su vehículo particular junto con su pareja –también policía– y ante una discusión generada con el conductor de una moto eléctrica por una maniobra de tránsito, descendió de su auto y lo agredió físicamente, mientras le apuntaba con el arma de fuego reglamentaria”, relató Hernández. “Le propinó al menos cinco patadas en el muslo izquierdo y un golpe de puño en el lado izquierdo del rostro, las que le provocaron la pérdida de un implante dentario, escoriaciones y dolor en distintas partes del cuerpo”, subrayó el fiscal.
Por otra parte, Hernández también se refirió al uso con fines particulares que hizo Marco N. de una moto de la policía: “entre enero y febrero de 2015, cuando era jefe de la Brigada Motorizada, utilizó durante 37 días una moto oficial para cuestiones personales mientras estaba franco de servicio. De esta manera, impidió que el móvil policial puede ser utilizado para los fines para los cuales estaba destinado”, sostuvo Hernández.
Finalmente, el fiscal del MPA sostuvo que “en lugar de cuidar la pacífica convivencia social y la protección de los bienes jurídicos de todos los ciudadanos -como correspondería a un funcionario policial-, Marco N. actuó con total menosprecio de sus funciones profesionales y legales, usufructuando privadamente bienes del Estado y actuando con total desaprensión ante la integridad física y psicológica de un ciudadano”.
En tal sentido, concluyó que “con su accionar, el condenado defraudó las expectativas depositadas en el correcto desempeño de su función policial, de la que de alguna manera abuso en ambos casos”.
CONDENA
ANTERIOR
Marco N. ya había sido condenado en octubre de 2021 en el marco de la investigación conocido como “Horas Ospe”.
En aquella oportunidad se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y el pago de una multa de $90.000 como coautor del delito de administración fraudulenta calificada por el ánimo de lucro.
ARMA
DECOMISADA
En el marco de las diligencias ordenadas por Hernández, a Marco N. se le secuestraron el arma reglamentaria, el cargador y 15 cartuchos. De acuerdo con lo resuelto, todo fue restituido al Ministerio de Seguridad de la provincia.
El ahora condenado lo fue como autor de los delitos de malversación de caudales públicos agravado (por entorpecimiento del servicio), amenazas calificadas (por utilización de arma de fuego) y lesiones leves dolosas.