La preocupación por parte de los concejales opositores en relación a la seguridad vial de la ciudad de Rafaela, se hizo notoria una vez más en el recinto. Es que desde el bloque de Juntos por el Cambio planteó nuevamente, a través de una minuta de comunicación, la solicitud para que el Departamento Ejecutivo Municipal brinde “los informes correspondientes a los resultados obtenidos a partir de la aprobación de la emergencia vial, que tuvo entrada en este Concejo Municipal con fecha de aprobación 25/08/22 y por el término de 6 meses, venciendo el 25/02/2023”. Cabe destacar que en dos ocasiones anteriores (21 y 30 de marzo) este pedido ya fue realizado también a través de minutas. En la primera oportunidad, dicho pedido había sido acompañado por una nota periodística de diario Castellanos, que informó que “durante el año pasado fueron registrados 1799 siniestros viales en la ciudad”.
Al defenderlo, el concejal de Juntos por el Cambio, Ceferino Mondino dijo: “Otra vez pasaron los días. Lo más importante es que no tenemos respuestas, es un tema muy complejo en donde cada día hay más accidentes. Venimos a pedir nuevamente un plan integral o acciones. Queremos saber qué tienen pensado hacer para bajar estos índices porque cada vez son más altos. Es algo repetitivo y que no le encontramos la solución, quería presentarlo de nuevo y ver si esta vez podemos tener una respuesta”.
Por su parte, el concejal oficialista Juan Senn objetó que se brindaron los informes de compras, a lo que Mondino respondió que el enfoque está más dado a las acciones concretas. “No estamos cuestionando la transparencia de las compras, sino de que necesitamos un plan integral, una medida más profunda”.
Por su parte Martín Racca (Frente de Todos), también defendió al oficialismo informando que la Policía está reteniendo un montón de vehículos. “Meses atrás era muy dificultoso que los empleados municipales sean los que tenga que realizar las retenciones, había mucha violencia. Hoy la Policía es la que retiene los vehículos; es un servicio más ágil y se evitan situaciones de conflicto”.
Al escuchar esto, el concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico dijo de manera enfática: “El operativo policial no tiene la regularidad que puede tener Protección Vial y Comunitaria. El tema de la Policía es un factor de visualización de la situación, la gente ve, pero si no está la Municipalidad, su control es esporádico”. Y direccionó su denuncia al secretario de Gobierno y Participación Jorge Muriel por la falta de respuestas, dando como resultado permanentes fatalidades.
Antes de que se le dé despacho, el concejal Mondino concluyó: “Acá tiene que haber un enfoque global, por eso hablo de un plan. La ciudad está sola en la noche. Hay que ver los puntos conflictivos, empezar con una campaña de mayor difusión para concientizar a la gente. Hay que sumar a todas las patas de la mesa porque lo que se hace no alcanza; el problema cada vez es peor. Lo que yo estoy pidiendo es que el gobierno municipal priorice la situación con las medidas que hay que tomar”.

COMODATO CON EL 9
Otro proyecto que recibió tratamiento fue uno de ordenanza referido al Contrato de comodato con el Club 9 de Julio. En el considerando se expresa: “Que en fecha 29 de agosto 2016, se suscribió un contrato de cesión de uso entre la Municipalidad de Rafaela y el Club Atlético 9 de Julio con el objeto de ceder a la institución una fracción de terreno ubicada en la Concesión 341 de esta ciudad, para ser destinada a la realización de actividades deportivas. Que la institución, mediante nota el pasado 16 de marzo, solicitó la modificación del plazo de dicha cesión, que originariamente se había establecido en diez años prorrogables por única vez, requiriendo su ampliación a 99 años”.
Por tal motivo, en el artículo 1° de la ordenanza se establece que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar la cláusula Quinta del Contrato de Cesión de Uso firmado con el Club Atlético 9 de Julio en fecha 29 de agosto de 2016, en mérito a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 4.815, la que quedará redactada de la siguiente manera: “La presente cesión se formaliza por el término de noventa y nueve años, contados a partir de la suscripción del presente, salvo que alguna de las partes comunique a la otra por medio fehaciente y con por lo menos treinta días de anticipación, su intención de dar por concluido el contrato".
Al respecto, habló la concejal del Frente de Todos, Valeria Soltermam y dijo: “Ya se plantaron algunos árboles, se hicieron tres perforaciones, algunas intervenciones, y han comprado los materiales para cercar el predio, pero no lo han colocado aún porque tienen miedo que cuando se comience a construir el Parque Regional retiren el cerco y todo el trabajo se haya hecho en vano. Por eso se está presentando este proyecto, para continuar con las obras y finalmente concretar este polideportivo que tiene el club 9 de Julio de Rafaela y por el cual viene trabajando ya desde varios años”.
Y un último proyecto de ordenanza también propuesto por el DEM, es el relacionado al Convenio Urbanístico Barrio Belgrano. Y este sí dio que hablar. Se trata de un conflicto entre los particulares Rafael Barreiro y Daniel Ferrero, en el que quedó también “involucrada” la Municipalidad, según se explicó. En el considerando se explica que “en fecha 7 de marzo del corriente se suscribió un Convenio Urbanístico Transaccional entre Daniel Amílcar Ferrero y esta Municipalidad con el fin de acordar modificaciones al proyecto de urbanización denominado "Nuevo Loteo Belgrano". Que el objeto principal del Convenio radica en la modificación del diseño y superficie del "reservorio Sur" del mencionado loteo, lindero a la propiedad de Barreiro, preservando su existencia y localización, en aras de la adecuada protección de los intereses colectivos vinculados a los aspectos ambientales y urbanísticos del loteo mencionado”.
Al reclamar Barreiro el rediseño y la ubicación del reservorio pluvial, se generó conflicto con el urbanizador (Ferrero), tema que fue llevado hasta la justicia. Había en juego varios intereses. Se determinó que Ferrero deberá correr ese reservorio unos metros al oeste y dejará en el medio una calle que divide la vivienda de Barreiro del reservorio, que será al final un terreno forestado, algo más parecido a una plaza. Por otro lado, la calle Rojas (entre calles Martini y Garrappa) tapará contra la propiedad de Barreiro y no se abrirá sobre su terreno ya que con todo este conflicto, no se efectuará la donación para tal fin.
Por otro lado, lo que sí se va a abrir, es una calle entre el “reservorio” y la propiedad de Barreiro a costas de la Municipalidad y que no estaba contemplada en el proyecto inicial. Y ese fue el reclamo de la oposición expresado así por el concejal Leonardo Viotti: “A esto lo paga la Municipalidad, quien como cesión permitirá al urbanizador trazar lotes más chicos y que haya actividad comercial. No se negoció más la apertura de la calle Rojas, eso se da de baja y se le permite a Barreiro que se quede con ese terreno. El proyecto estaba bien aprobado por el Municipio, que ahora tiene que enfrentar un montón de gastos que no le corresponden como es la apertura de la calle, la pavimentación, la iluminación y la forestación. Está claro que el Municipio está pagando y va a tener una pérdida económica importante que habría que cuantificar, porque también se tiene que hacer cargo de las costas y de los peritos. Es un costo grande cuando no tenía nada que ver con el conflicto”.
Al salir el tema del proyecto de un Jardín de Infantes que se proyecta construir en la zona con fondos provinciales dijo: “No hay que dejar que el jardín sea una prenda de negociación porque el mismo ya estaba desde antes, cuando el loteo fue autorizado. Acá el Municipio va a terminar pagando algo que no le corresponde, que quede clara la situación. Dinero público volcado a algo que la propia justicia dijo que estaba bien hecho. Me parece que el convenio es beneficioso para los privados y perjudicial para los fondos públicos”.