Otra vez la relación del Departamento Ejecutivo Municipal con una empresa privada queda enredada por omisiones de control o acciones no formalizadas en acuerdos con firmas de autoridades responsables. El caso de la empresa que construyó un crematorio sobre Ruta 70, que se encuentra suspendido por el Juzgado de Faltas, y sin una ordenanza que habilite la actividad está en punto muerto. Y ahora se suma el caso del concesionario de la Terminal de Ómnibus, que no efectuó el mantenimiento del edificio porque se desplomaron sus ingresos, principalmente a raíz de la pandemia del Covid. 
Lo cierto es que la Municipalidad gestionó ante el Ministerio de Transporte de la Nación un aporte de 111 millones de pesos para financiar la refacción y modernización de la estructura de la Terminal, aunque el proyecto nunca fue presentado públicamente por tanto no se conoce más allá de lo que explican los funcionarios. Pero para acceder a ese fondo y licitar las obras requiere el aval del Concejo Municipal, donde la oposición condiciona su apoyo a que el concesionario asuma nuevas obligaciones a cambio de la mejora sin costo que tendrá en el edificio que tiene a su cargo hasta 2029 por lo menos, aunque podrá renovar el acuerdo por otros diez años más. 
Los empresarios a cargo de la concesión, Carlos Casinerio y Hernán Gunzinger, concurrieron ayer al Concejo para explicar su posición ante los ediles, aunque después se sumaron al encuentro el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, y los secretarios de Gobierno y Participación, Jorge Muriel y de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino. 
Por falta de mantenimiento, el edificio presenta problemas en los techos, en los pisos y en las paredes, también en la infraestructura eléctrica porque no hay tomacorrientes para cargar celulares. Según el concesionario, actualmente funcionan 5 comercios y 7 boleterías para expender pasajes. 
En este marco, la empresa remarcó que la facturación prácticamente fue cero durante dos años, aunque hay concejales que reclaman que se presenten los estados contables para certificar la información. "Debería haber un control más profundo del Ejecutivo", dijo un concejal mientras puntualizaba sobre qué tipo de canon paga el concesionario. 
En los últimos años, el Municipio fue haciendo pie en la Terminal, primero con la habilitación de una oficina para la gestión de la TEP, luego para usar dársenas a través de los minibuses y por último con la utilización del taller para reparaciones rápidas y lavadero de los vehículos. Y sin convenio alguno, comenzó a estacionar los minibuses durante las noches y utilizar otros espacios para Protección Civil. 
El concesionario estimó que el Municipio debería pagar 150 mil pesos por mes a cambio de esos usos y que por este concepto la deuda rondaría los 5 millones de pesos. Gunzinger declaró tras el encuentro en el Concejo que es importante aprobar el proyecto para que lleguen los fondos de Nación. "Se trata de un proyecto de remodelación de la Terminal. Se busca mejorar las instalaciones y la imagen de la ciudad. Hay un presupuesto de ciento once millones de pesos provenientes del gobierno Nacional, pero aún se discuten los detalles de la contraprestación que tendrá que hacer la concesionaria. El objetivo es llegar a un consenso y mejorar la Terminal para el bien del pueblo de Rafaela", sintetizó, a la vez que admitió que por falta de ingresos la empresa no efectuó tareas de mantenimiento.  

"IMPROVISACIONES", 
SEGÚN MÁRSICO
Por su parte, Mársico se mostró muy crítico en especial con el Ejecutivo al sostener que "el Municipio en relación al tema de la terminal es un mar de improvisaciones". "Lamentablemente tengo una opinión formada diferente al panorama que nos brindó el concesionario, en el encuentro que mantuvimos, con respecto al estado y servicios que brinda actualmente la Terminal, pero nadie puede negar que el servicio que están prestando está lejos de ser lo óptimo para los vecinos de Rafaela y para quienes de otras ciudades arriban a Rafaela", explicó el concejal.
"Resulta que existen acuerdos de palabra con el Municipio, o instrumentos que hay que actualizar y en eso, ahora se ampara el concesionario, para no realizar ningún aporte, una muestra de negligencia e improvisación del Ejecutivo Municipal, por lo que, requerimos que se lleve a cabo un nuevo convenio y que se expliciten las obligaciones de cada uno y analizaremos una serie de servicios que tendrán que brindar", planteó el concejal pedepista.
Según Mársico, "hoy estamos pagando las consecuencias de un Intendente que miró hacia otro lado mientras el concesionario incumplía sistemáticamente con sus obligaciones y tiene que venir el Estado Nacional con el dinero de todos a pagar por la negligencia política y privada, nada diferente a como funciona el país hoy y la relación del gobierno nacional con los empresarios".
"Entiendo que con esos fondos que provienen del Ministerio de Transporte de la Nación debemos poner manos a la obra y utilizarlos para remodelar en lo que se pueda la Terminal y controlar detalladamente que el concesionario cumpla con sus obligaciones, bajo pena de rescindirles el contrato; situación que el Intendente como no tiene otro plan, para llevar a cabo que no sea acordar con este empresario, no le queda otra alternativa que sostenerlo, porque su gobierno es un mar de improvisaciones; creo que es el momento de un verdadero cambio", cerró Mársico.
Las declaraciones de Gunzinger aumentaron las dudas, al igual que las de Lombardo al final de la reunión, al admitir la falta de un marco legal a las prestaciones que el concesionario realiza al Municipio. 
Ante este escenario de apuro para destrabar la llegada de los 111 millones de pesos que ofrece la Nación para refaccionar y refuncionalizar el edificio de la Terminal y el reclamo del Concejo para que se transparente el vínculo entre Ejecutivo y concesionario, el próximo pasó está a cargo de Lombardo. Contrarreloj, deberá enviar entre hoy y mañana un proyecto que aclare el rol del Ejecutivo y del concesionario con la esperanza de que todo se apruebe el jueves de la próxima semana. Es que el aporte de 111 millones se deprecia a un ritmo del 10 por ciento mensual por el impacto de la inflación. Las desprolijidades en el vínculo con el privado explican la demora en el Concejo.