Cuando un economista devenido a dirigente político emergente calificó a la clase política tradicional como casta por los beneficios que obtiene al amparo del Estado en cualquiera de sus niveles, se refería a situaciones como la de Victoria Donda, quien renunció a un cargo en el Gobierno nacional para ser designada en la administración del gobernador, Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires. 
La funcionaria, antes de la Nación y ahora bonaerense, parece depender exclusivamente del Estado para llenar su heladera y pagar sus gastos. ¿Un premio a su militancia? ¿O un salvavidas para una amiga de la causa? Lo llamativo es que Donda fue designada por la gestión kirchnerista bonaerense como subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico, un cargo creado a medida sin misión alguna hasta tanto se fue definiendo. 
Se despidió sin pena ni gloria de la dirección del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, una entidad donde se golpea con fuerza a los adversarios políticos y se hace la vista gorda ante los atropellos que puedan cometer los amigos. En definitiva, una institución utilizada políticamente cuyo rol fue desnaturalizado por Donda, una funcionaba que cobraba un muy buen salario a partir de los aportes realizados por los contribuyentes, esos que trabajan de verdad.  
La dimisión de Donda al cargo fue por motivos políticos, en principio por sus diferencias con el presidente, Alberto Fernández. Protegida del kirchnerismo, a pesar de su magra gestión y su cristal selectivo para detectar y juzgar actos de discriminación, podía seguir en el Inadi cobrando por no hacer. De todos modos, en su paso por el organismo coleccionó escándalos pero no méritos ni elogios ni premios por la transparencia o una gestión eficiente. Es decir, nadie la extraña ni tampoco hubo movilizaciones para defender su tarea. Una burócrata ineficiente más, como tantos otros y tantas otras, que cuestan mucho dinero a la sociedad. 
Quizás el hecho bochornoso más saliente de su actividad no se dio en el organismo nacional que presidía sino en su ámbito privado debido a que su ex empleada doméstica, Arminda Banda Oxa, la acusó de “explotación laboral” luego de trabajar para ella durante 13 años sin haber sido registrada formalmente. Cuando la trabajadora le pidió que la jubile debido a que Donda no le efectuaba los aportes previsionales, la titular del Inadi le dijo que no podía, tiempo después le ofreció un cargo en el organismo para finalmente ofertarle un plan social. Es decir, pretendía dar solución a un conflicto laboral en su esfera particular con las herramientas del Estado, con un mal uso de la estructura estatal, aprovechando su cargo. 
El escándalo con la doméstica saltó a la opinión pública a finales de 2020, pero Donda sobrevivió dos años más en el cargo a pesar de otras situaciones en las que mostró una conducta reprochable. El año pasado, la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal fue calificada como "retrasada mental" por el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, sin que ello mereciera críticas del Inadi, que en cambio si había actuado con celeridad cuando el expresidente Mauricio Macri definió como "raza superior" a los jugadores de la Selección alemana de fútbol a los que daba como candidatos a quedarse con la Copa del Mundo en Qatar.
Donda percibirá cerca de 500 mil pesos mensuales para hacer una tarea que nadie sabe muy bien como definir en  una provincia más grande y compleja del país en la que no tiene prácticamente antecedentes de relevancia. Ahora serán los contribuyentes bonaerenses quienes tendrán que pagar por una funcionaria a la que muchos ya tildan de ñoqui. 
La tarea que cumplirá la ex titular del Inadi será evaluar la inserción territorial de las políticas públicas, sintetizaron desde Provincia ante un pedido de traducción de un cronista de Info Cielo. Pero un intendente bonaerense especuló que a Donda le dieron un puestito para evitar sus críticas desde afuera. Es una teoría convincente.