La corrupción es una problemática vidriosa para la Argentina actual pero es exclusiva de nuestro país sino que, a través del caso de la constructora brasileña Odebrecht, se revela como un delito de lo más extendido en las altas esferas de los gobiernos sudamericanos. Al punto que Brasil tiene a un ex presidente cumpliendo una pena de 12 años de prisión por corrupción pasiva y a finales del año pasado el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado a seis años de cárcel por su participación en la trama de corrupción de Odebrecht, ya que se comprobó que le adjudicaba obras públicas a cambio de coimas. 

En marzo, el Congreso de Perú aceptó la renuncia del hasta ese momento presidente, Pedro Kuczynski quien dimitió acorralado por las acusaciones de sus nexos con Odebrecht.

En la Argentina, algo falla en la democracia. En junio del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para ocupar cargos públicos al expresidente Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, una causa de 1994. Poco después, el ex jefe de la Casa Rosada durante 10 años se presentó a las elecciones como candidato a senador por la provincia de La Rioja y fue reelecto pese a una condena en segunda instancia. Como se ve, la Justicia no es para todos iguales: Menem está condenado pero recibe un muy buen salario mensual que le pagan todos los argentinos pese a ser un delincuente según los mismos fallos de la Justicia.

La clase política, en principio, brinda una respuesta corporativa y se aprovecha de protecciones especiales. Flaco favor le hace a la democracia convirtiendo al Senado en una suerte de "aguantadero". Porque al caso del riojano se le agrega ahora el de Cristina Fernández de Kirchner, que si bien no tiene condenas en su contra tiene varios procesamientos y se encuentra en el centro del escándalo por corrupción desatado a partir de cuadernos o fotocopias de ellos que revelan la red de corrupción montada entre funcionarios y empresarios de la construcción que supuestamente se aseguraban contratos a cambio de coimas. Y todavía la investigación en torno a Odebrecht no ha avanzado demasiado en su capítulo argentino. 

De todos modos, la ciudadanía parece avanzar hacia una suerte de agotamiento de su capacidad de resistir la corrupción y ahora exige justicia. Porque mientras funcionarios y empresarios se enriquecían con la plata de todos y se daban la gran vida, el Estado no construía viviendas sociales, ni rutas postergando a miles de argentinos. 

En medio de este enorme barrial que la corrupción ha formado en los países de la región, sobresale una singular consulta que pretendía endurecer el castigo a la corrupción política en Colombia, aunque el fin de semana se hundió por estrecho margen en las votaciones. La propuesta, que apuntaba a convertirse en un voto castigo contra la clase dirigente y las empresas corruptas que contratan con el Estado, no alcanzó los poco más de 12,1 millones de apoyos que requería para convertirse en mandato.

Sin embargo, más allá del resultado no deja de ser una respuesta positiva de parte de la sociedad de ese país que no quiere ser indiferente a un mal crónico que hace millonarios a funcionarios y la burguesía industrial a costa de dineros públicos. Y que quizás puede ser contagiosa a otras naciones que ya no están dispuestas a soportar altos niveles de corrupción con pocos ganadores y muchos perdedores. Compuesta por siete iniciativas, la consulta anticorrupción a la colombiana recibió 11.666.234 votos, es decir que le faltó menos de 480.000 para cruzar el umbral impuesto por ley, que equivale a la tercera parte del censo electoral, según el conteo rápido de la Registraduría Nacional, responsable del escrutinio.

Se trata de un mecanismo de participación popular incluido en la Constitución vigente desde 1991. Tras conocer los resultados -que aún deben ser promulgados por la autoridad electoral-, los promotores del proyecto dijeron que tramitarán las iniciativas por la vía parlamentaria, pese a la histórica renuencia del Congreso a legislar de forma severa contra estas prácticas, una postura nada distante a lo que se percibe en la Argentina. 

Si bien se advierte un proceso genuino anticorrupción en los países de la región, aún es prematuro para decir si serán suficientes para depurar el sistema político expulsando a los corruptos. Necesita voluntad de la sociedad civil, de los buenos políticos, legislaciones contundentes y también jueces dispuestos a cumplir con su trabajo.