Mediante la presentación de una acordada, los nueve jueces camaristas del fuero previsional reclamaron ayuda a la Corte Suprema ante el "colapso" que generó el ingreso de un gran número de demandas que hicieron los jubilados al Estado.

La acordada de hace unos días pide que se hagan gestiones, ante otros poderes del Estado, para la aprobación de un proyecto de ley que crea cinco nuevos juzgados federales de primera instancia, una sala más en la Cámara, dos fiscalías y una defensoría en el ámbito de la primera instancia.

Además, se recuerda un pedido hecho en forma detallada, en abril de 2013, para que se asigne más personal, con el objetivo de "dotar de razonabilidad y equivalencia funcional a la estructura de recursos humanos del fuero". Según los jueces, los empleados trabajan más tiempo que el de sus jornadas sin que se les paguen horas extras.

Es que la gran cantidad de juicios iniciados en la última década, disparados por el fallo de la Corte en el caso Badaro de 2007, hace que los tiempos no alcancen y las tareas sobrepasen a los empleados judiciales.

El escrito de los jueces puntualiza que al cierre de 2013 quedaron sin poder ingresar en alguna de las tres salas de apelación unos 53.000 expedientes, por la falta de espacio físico. De ellos, 25.000 no tienen siquiera la asignación por sorteo para saber a qué sala serán derivados. A todos esos casos se suman unos 75.000 más que esperan resolución dentro del edificio en el que funcionan las oficinas de los jueces. Allí se acumulan pilas de papeles que llenan pasillos, ambientes destinados a otros fines y hasta baños, señaló el diario La Nación.

Una realidad que hace su aporte a la situación de colapso es que, de los diez juzgados, solamente cuatro tienen jueces nombrados. En el resto hay jueces subrogantes, lo cual amplifica la cantidad de expedientes que cada magistrado debe resolver.

Así y todo, en los últimos tres años se incrementó de manera significativa el número de sentencias de primera instancia. En 2013 se resolvieron 54.772 causas, de las cuales el 83% estuvo referida a pedidos de reajuste de haberes.

La cuestión edilicia, por su parte, tiene ribetes insólitos. En 2011, el Poder Judicial alquiló un edificio sobre la calle Lavalle, a dos cuadras de donde funciona la Cámara, "para la instalación de Juzgados y Tribunales de la Seguridad Social u otro foro distinto", según consta en el contrato de locación. Pero ese objetivo nunca se cumplió.

El edificio sirvió sólo para guardar los expedientes que no entran en los despachos de los jueces. El texto de la acordada, de hecho, describe que la situación del fuero -agravada también por una maniobra de recusación masiva de la ANSES contra el juez Luis Herrero, que mantuvo paralizada la tramitación de causas durante un año y medio en la Sala II- hace que se muevan papeles entre uno y otro edificio, "con el evidente dispendio de actividad, dificultades suscitadas en el traslado y riesgo en la conservación y guarda" de la documentación.

FALLO BADARO

La Corte Suprema benefició a un jubilado que reclamó por la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. Se trata de Adolfo Badaro, un ex conductor de buques que percibía más de $ 1.000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un solo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.

El máximo tribunal reconoció su derecho a una actualización de haberes que guarde relación con la evolución de los precios y de los sueldos de los trabajadores activos. En este caso puntual, determinó que su jubilación se ajuste de acuerdo al Indice de Salarios del INDEC, registró un alza de 88,6 por ciento. A esa suba hay que restarle el incremento de 11% ya recibido.

Luego de este fallo, miles de jubilados se presentaron con un reclamo similar ante el fuero de seguridad social, lo que generó un colapso de los tribunales que llevan este tipo de causas. Ante esta situación, la Defensoría pidió que se extienda el alcance del fallo Badaro a todos los jubilados que se encuentran en una situación parecida.

Más allá de la parte financiera, en caso de que la Corte admita un fallo con alcance colectivo sería una novedad jurídica en el país  (Fuente: infobae.com).