Son doce en total, nueve de los cuales se encuentran en prisión preventiva. En ausencia del ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica, el ex vicepresidente y ministro regional de Economía, Oriol Junqueras, de 49 años, es el principal acusado.

La fiscalía reclama una pena de 25 años de prisión para este historiador y presidente del partido independentista de izquierda republicana ERC, encarcelado desde noviembre de 2017.

La ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, de 63 años, que leyó el 27 de octubre de 2017 la proclamación de independencia, podría ser condenada a 17 años de prisión.

Al igual que Jordi Sánchez, de 54 años, y Jordi Cuixart, de 43, ex presidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, respectivamente.

Los "Jordis" fueron los primeros en ser puestos en detención preventiva, el 16 de octubre de 2017, por haber convocado el 20 de septiembre una manifestación frente a una sede del gobierno regional que era registrada, y que se saldó con tres vehículos de la Guardia Civil destruidos.

La fiscalía pidió penas de 16 años de cárcel contra otros cinco ex ministros regionales catalanes: Joaquim Forn, a cargo de la policía regional acusada de haber mirado hacia otro lado durante el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre de 2017, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

Y otros tres ex ministros catalanes actualmente en libertad condicional, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borras, se exponen a 7 años de cárcel y una multa.

El grave delito de rebelión, según el Código Penal español aplicable a aquellos "que se alzaren violenta y públicamente" para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", conlleva una pena de 15 a 25 años de cárcel.   Esta acusación es cuestionada por los independentistas y varios juristas. De hecho, la cuestión central del proceso será probar el uso de la violencia, algo negado por los separatistas.

ACUSADORES

Particularidad del sistema judicial español, en este proceso intervienen tres acusadores diferentes:

-La fiscalía, compuesta de magistrados nombrados tras ser propuestos por el gobierno, pero independientes del poder político.

-Los abogados del Estado, altos funcionarios que defienden los intereses del Estado, que se muestran más clementes y han reemplazado el cargo de rebelión por el de sedición, reclamando penas de doce años como máximo.

-Y la acusación popular, una controvertida figura que permite a cualquier ciudadano u organización ser parte acusadora en simple defensa de la legalidad, será ejercida por el partido ultraderechista Vox.

Esta formación, que gana terreno gracias a su discurso hostil al independentismo, se enorgullece de solicitar penas duras para "más de 700 años de prisión" en total para el conjunto de acusados.