De ser el  mejor alumno sudamericano en materia de desarrollo económico, madurez institucional y solidez de la democracia que supo conseguir, según las organizaciones que forman parte de la elite de la gobernanza mundial como el Fondo Monetario, el Banco Mundial e incluso el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, Chile pasó a ser un país de incierto futuro, explosivo y con el riesgo latente de iniciar un contagio peligroso. 

Lo que está claro es que el "orden establecido" tiembla y se ha vuelto extremadamente frágil. Así, el rechazo al sistema político ha batido récord y arrasa con todos los sectores: la desconfianza hacia las instituciones ha aumentado drásticamente, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que revela que apenas un 7% confía en las empresas, un 6% en el Ministerio Público, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición de izquierda.

La confianza en Carabineros de Chile, la policía admirada por 57% de la población en 2015, hoy es una de las instituciones más desprestigiadas con solo 17% de respaldo, en medio de un clima de protesta y violencia, según reveló la encuesta del CEP.

Los sondeos reflejan además que la popularidad del presidente Sebastián Piñera ha caído a niveles históricos en democracia, puesto que un irrisorio 6% aprueba la forma en que está conduciendo su gobierno desde la Casa de la Moneda. Y eso que recién en marzo cumplirá la mitad de su gestión, por lo que deberá remar el resto de su mandato contra la corriente. Es el jefe de Estado peor evaluado en 30 años.

En este escenario, un clima de violencia, angustia y esperanzas prevalece en Chile, un país que después de tres meses del estallido de la crisis más grave en sus 30 años de democracia parece estar en el diván, soltando rabia y reproches a un modelo económico que ignoró su bienestar social, advierte un reciente informe sobre el estado de situación del vecino país elaborado por la agencia France Press. Este país de casi 18 millones de habitantes ha sido junto a Uruguay el más institucionalista de América Latina, pero el remezón social ha cambiado de un plumazo su organización e impera la incertidumbre sobre el final de la crisis. 

Las conversaciones sobre política y actualidad nacional están a la orden del día en un país donde en diciembre de 2017, cuando Piñera ganó las elecciones presidenciales, una de las principales preocupaciones era la delincuencia (con uno de los índices más bajos en la región) y que tenía poco interés en discutir cambios a la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Mientras la incertidumbre parece invadir todos los órdenes, en tres meses ningún político ha logrado apropiarse del reclamo callejero. Los manifestantes se siguen autoconvocando por redes sociales y los viernes suelen ser días de concentraciones. Hoy prevalece la "incertidumbre, esta especie de tensión entre la esperanza y la preocupación o el desasosiego que ha caracterizado la situación del país desde que empezó el estallido.

Durante la crisis han muerto 29 personas, miles han quedado heridas y más de 350 sufrieron heridas graves en los ojos por perdigones o bombas lacrimógenas en enfrentamientos con la policía. De acuerdo a cifras oficiales, los eventos que se consideran graves han bajado considerablemente y si al inicio de la crisis llegaron a los 350 diarios –como ocurrió el 20 de octubre–, en enero solo ha habido un día en que llegaron a 10 a nivel nacional (el pasado 10 de enero). No hay jornada, sin embargo, que no se registren detenidos. Desde el inicio del estallido, 22.747 personas han sido arrestadas, 1.096 de ellas solo en 2020. Del total, se han dictado 1.615 prisiones preventivas. Tampoco hay día que los registros oficiales no contabilicen agentes heridos: 3.821 a nivel nacional desde el 18 de octubre, 326 solo en este año que arranca. En estos tres meses se han producido cerca de 350 ataques a cuarteles de Carabineros, sobre todo en la capital.

Un plebiscito el próximo 26 de abril, que decidirá si se cambia o no la Constitución heredada de la dictadura, luce como el único plan concreto para bajar la tensión, aunque muchos dudan si logrará ese cometido.

El flojo apoyo a Piñera, un millonario empresario de 70 años, se explica por un "castigo transversal" a su gestión y a toda la clase política chilena, ante las masivas manifestaciones, explica Ricardo González, coordinador del Área de Opinión Pública del CEP, cuyo estudio fue realizado entre el 28 de noviembre y el 6 de enero, en plena crisis.

Dos encuestas divulgadas esta semana señalan que entre un 55% y más del 60% de los encuestados aprueba las protestas. Un 38% manifestó que el estallido social se produjo por el malestar de la población ante la desigualdad de ingresos y un 16% por las bajas pensiones. La grieta ha llegado a Chile.