La Cámara de Casación resolvió que no se realizará el juicio contra Cristina Kirchner por supuestos delitos en las operaciones con el Dólar Futuro debe realizarse.
Los jueces hicieron lugar al pedido de sobreseimiento y nulidad del caso, el primero que le significó una acusación por corrupción en los Tribunales de Comodoro Py cuando dejó la Casa Rosada en 2015. Todos los acusados en el caso, fueron sobreseídos.
DURO DICURSO
El 4 de marzo, durante más de cincuenta minutos y con un duro discurso que incluyó una fuerte defensa política, la vicepresidenta expuso por videoconferencia ante la Casación los motivos por los cuales quería anular ese expediente.
En su descargo, con el que buscaba el sobreseimiento, acusó al Poder Judicial de ser "un sistema podrido y perverso", volvió a hablar de lawfare para defenderse de las causas de corrupción en las que está acusada y apuntó contra Mauricio Macri y algunos medios de comunicación.
Aquella audiencia respondió a un trámite propio de las instancias de queja que llegan a la Cámara Federal de Casación. Concluida la exposición de la vicepresidenta comenzaron a correr los plazos para que los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa resolvieran si hacían lugar al pedido de sobreseimiento y anulación del juicio oral, o si avalaban al Tribunal que, siguiendo el criterio del fiscal Diego Velasco, ordenó iniciar el debate oral de acuerdo a lo recordado hoy por Clarín.
La Sala I del máximo tribunal penal finalmente resolvió no hacer lugar al planteo del representante del Ministerio Público Fiscal, y entendió que el juicio no debe realizarse ya que hicieron lugar a los recursos extraordinarios presentado por la vicepresidenta, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, entre otros.
DOLAR FUTURO
El caso del Dólar Futuro fue el primero de los ocho expedientes contra la expresidenta que se elevó a juicio oral. Durante la instrucción del caso se dio por corroborado que Cristina y su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, junto a otros exfuncionarios, "cometieron un fraude descomunal al patrimonio público", que le habría costado al Estado "55 mil millones de pesos". El delito imputado es el de administración fraudulenta.
El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En el requerimiento de elevación a juicio, Taiano sostuvo que la vicepresidenta era responsable del delito de “administración fraudulenta” que se había cometido por las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional a las autoridades del Banco Central, "con la anuencia de la Comisión Nacional de Valores", para vender en un breve periodo "un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad generando un grave perjuicio a las arcas del Estado”.
En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que "la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución".
PERSECUCION POLITICA
Para Cristina Kirchner se trata de una "persecución política", pues la acusan por "medidas de Estado que no pueden judicializarse". Entonces, ante los jueces de la Sala I sostuvo que el expediente es un leading case, no solo en el tema del lawfare, sino también en la "intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina".
El Presidente avaló ese criterio ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, cuando reiteró la necesidad de una reforma judicial: "asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos", afirmó.