El recientemente reelegido presidente de Ecuador, Rafael Correa, finalmente logró imponer la denominada nueva Ley de Comunicación, con el objetivo de "democratizar" a los medios de información. Esta iniciativa comenzó a fogonearse en 2009, cuando por primera vez fue presentado el proyecto, pero recién ahora pudo concretarse, luego que el oficialismo alcanzó a reunir 100 de los 137 escaños de la Asamblea Legislativa, contando con una mayoría que le permite avanzar en todo sentido, desoyendo los reclamos de la oposición, por supuesto representativa de la minoría.

La confrontación entre Correa y los medios independientes, críticos de su gestión, viene desde hace varios años y alcanzando cada vez características más ríspidas, especialmente por los avances del oficialismo, habiendo llegado ahora a lo que los mismos medios y la oposición política calificaron como "ley mordaza", ya que es muy clara la intención de cercenar las críticas y cuestionamientos a la gestión.

Esta nueva ley, ya existente en otros países como Venezuela y con vigencia a medias en la Argentina por haber sido frenado por la justicia algunos de sus articulados, es una de las metodologías comunes de este grupo que además integra Bolivia, dispone una nueva distribución de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro.

Una de las expresiones más escuchadas de parte del oficialismo ecuatoriano, luego de la aprobación de esta ley, fue que  de esta manera "se termina con el monopolio de los medios", lo cual es calcado de la argumentación utilizada en nuestro país al momento de promover la Ley de Medios Audiovisuales.

Una de las partes centrales de esa ley que ahora rige en Ecuador, dispuso la creación  de tres organismos: el Consejo de Regulación, el Consejo Consultivo y la Superintendencia de la Información y Comunicación, todos ellos de nombres pomposos, aunque cuya exclusiva finalidad es tener bajo férreo control a todos los medios de información, que se convertirán así, en medios de propaganda del gobierno, llegándose a extremos como la habilitación para imponer sanciones tanto a los mismos medios como a los periodistas profesionales, cuando se considere que han incurrido en desviaciones, las que serán establecidas por esos mismos órganos. Pero lo más grave, y que dependerá del primero de los mencionados, es que quedó institucionalizada la censura previa.

Uno de los aspectos más polémicos de todo este conjunto, es que el Estado tendrá la posibilidad de sancionar lo que se denomina "linchamiento mediático", lo cual consiste en la difusión de información concentrada y publicada con reiteración con el objetivo de desprestigiar a una persona natural o jurídica, o bien reducir la credibilidad pública.

De acuerdo con las estimaciones que han hecho los medios ecuatorianos, toda esta ley lleva por finalidad dos objetivos muy concretos, uno de ellos el evitar críticas de los actos de gobierno, pero además, y esencialmente, evitar que la prensa pueda difundir e investigar casos de corrupción, que en Ecuador los hay y en elevada cantidad.

Desde la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos se denunció que con esta nueva ley de control de medios "se viene un período muy complicado para la prensa privada y para el periodismo independiente en Ecuador, viene una suerte de totalitarismo informativo que va a plasmar un estado de propaganda en el país, donde quiere imponerse un solo punto de vista sobre la realidad, y ese punto de vista es el de la Presidencia de la República y las interpretaciones personales del presidente de la República".

El mandatario Rafael Correa, que es presidente desde 2006 y revalidando en 2009 para volver a triunfar en 2013 con amplia diferencia de votos, viene encabezando un proceso muy similar a los que se desarrollan en Venezuela, Bolivia y la Argentina, teniendo la proclama de alcanzar una mejor distribución de la riqueza, lo cual les ha valido una fuerte acumulación de votos, aunque teniendo un sostenido avance contra las demás instituciones del Estado y buscando a toda costa la eliminación de la prensa. Acusan a los monopolios y medios hegemónicos, aunque en su avance terminan por hacer los mismo con los que van sumando a su circuito, y además financiados con el dinero público.