Agentes de la División Investigación de Delitos de Falsificación de la Superintendencia de Investigaciones federales, lograron desbaratar una organización criminal dedicada a la distribución y puesta en circulación de billetes falsos, tanto de pesos como de dólares en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Las investigaciones comenzaron a mediados de 2019, cuando en un procedimiento de la Policía de la provincia de Buenos Aires, se detuvo a 2 personas que efectuaban maniobras vinculadas a la falsificación de moneda.
Durante el desarrollo de las pesquisas, se estableció que detrás de los detenidos existía una importante organización criminal, que basaba su accionar delictivo en la falsificación y puesta en circulación de billetes apócrifos de distinta denominación.
ALLANAMIENTOS
Con las pruebas conseguidas por los detectives, el Juzgado Federal de la ciudad de Campana ordenó 20 allanamientos simultáneos, 13 en la provincia de Buenos Aires, 5 en la provincia de Santa Fe y 2 en Capital Federal, arrojando como resultado un total de 16 detenidos (tres extranjeros), el desmantelamiento de dos imprentas clandestinas, una ubicada en Rosario y la otra en 9 de Julio, Buenos Aires, que era operada por el jefe de la banda.
LO SECUESTRADO
Además se logró el secuestro de 152.350 dólares, 789.600 de pesos, 30.580 de pesos uruguayos y 1600 reales todos apócrifos y de excelente calidad.
También se incautaron 14.600 dólares, 2.016.430 de pesos en efectivo, 10 automóviles, 42 teléfonos celulares, 8 notebooks, 4 tablets y otros elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que esta banda era llevada adelante por delincuentes con varios antecedes por el mismo delito.
INTEGRANTES DE LA BANDA
La banda estaba compuesta por financistas, distribuidores y pasadores de los billetes encargados de ingresar el dinero falso en el circuito financiero legal, causando con ello un grave perjuicio a diferentes comerciantes de distintas zonas del país.
Los detenidos, todos ciudadanos argentinos excepto 3, dos de los cuales son de la República Oriental del Uruguay y uno de la República del Perú, quedaron a disposición del Juzgado interventor.