BARCELONA, 28 (AFP-NA). - El ejecutivo español destituyó este viernes al presidente catalán Carles Puigdemont y a todo su gobierno y convocó elecciones regionales para diciembre, después de que el parlamento de Cataluña proclamara una república independiente, decisión rechazada por la comunidad internacional.

En una breve alocución, el jefe del gobierno conservador, Mariano Rajoy, anunció el "cese del presidente de la Generalitat (gobierno catalán), del vicepresidente y del resto de miembros del gobierno", cuyas funciones serán asumidas por los ministerios equivalentes. También anunció la disolución del parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre. "Creemos que es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos", afirmó.

Horas antes había obtenido el permiso del Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le extiende poderes para intervenir la autonomía de una región con tal de preservar la unidad del país. Los independentistas que dirigen Cataluña culminaron este viernes el largo pulso entre Madrid y Barcelona con la proclamación en el parlamento regional de una República, recibida con júbilo por miles de manifestantes en la capital catalana y otras partes de la región.

El pulso se inició en plena recesión económica en España, a partir de 2010, aunado con las históricas reivindicaciones de más autogobierno del nacionalismo catalán. La cuestión independentista, sin embargo, causa profunda división en la sociedad.

Esta fractura apareció claramente en el hemiciclo del parlamento cuando gran parte de la oposición abandonó sus escaños para no participar en la declaración de la independencia. "Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", afirma la resolución aprobada con 70 votos a favor sobre 135 de la cámara.

La declaración fue celebrada con alegría, abrazos y champán por unas 15.000 personas reunidas cerca del parlamento. 

La fiesta siguió por la noche en las plazas de varias ciudades como Barcelona, Gerona y Tarragona, para celebrar su "República". Algunos aseguraban desde que no se dan por aludidos por la convocatoria electoral del 21 de diciembre.

Los sondeos apuntan a un resultado similar al de los comicios regionales de 2015, que dieron mayoría absoluta a los partidos separatistas.

DEVOLVER CATALUÑA A LA LEY

Pero en Madrid las autoridades se movieron con celeridad para responder a este desafío desde uno de los motores del país, con un 16% de la población y cerca del 20% del PIB español. La fiscalía general española anunció una querella contra Puigdemont por presunta rebelión, pasible con hasta 30 años de prisión, y Rajoy reunió rápidamente a su gobierno una vez obtenida la autorización del Senado.

Además de la destitución del gobierno y las elecciones, su ejecutivo también decretó cerrar la red de embajadas abiertas por el gobierno regional para promover su causa y destituir al director de la policía regional, los Mossos d'Esquadra, que cuenta con unos 16.000 agentes. "No se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la concordia", dijo Rajoy.

Pero la aplicación del 155 no está exenta de dificultades, porque implica gestionar a más de 200.000 funcionarios regionales y municipales en Cataluña.

Desde los partidos y las asociaciones independentistas, llaman a resistir pacíficamente y proteger la frágil república, apoyada también por centenares de ayuntamientos en la región. "Vienen horas en que a todos nos va a tocar mantener el pulso de este país", con "calma y dignidad" declaró Puigdemont ante los diputados, alcaldes y público congregados en el Parlamento. La actitud del independentismo catalán ha sido hasta ahora mayoritariamente pacífica durante sus grandes movilizaciones.

SIN RECONOCIMIENTO

INTERNACIONAL

Ante el desafío independentista la Unión Europea manifestó su apoyo al gobierno de Rajoy. "Para la UE, nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor", tuiteó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Portugal apoyaron sin fisuras al gobierno español y el departamento de Estado de Estados Unidos dijo tajantemente que consideraba a Cataluña "parte integral de España" y aprobó las medidas de Rajoy.

A pesar de los esfuerzos del gobierno catalán para promover su causa internacionalmente, ningún país dio validez al referéndum inconstitucional del 1 de octubre, celebrado sin un órgano supervisor ni voto secreto.