BARCELONA, 10 (AFP-NA). - La peor crisis política de la democracia española afronta 24 horas dramáticas en las que el presidente catalán, Carles Puigdemont, decidirá si cede a amenazas y apelaciones de derecha e izquierda, o declara la independencia como le exigen sus aliados.
El último llamamiento a Puigdemont para que renunciara a la proclamación lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegurando que esta pondría en peligro "la cohesión social". "Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia", dijo en una declaración institucional, solicitando al mismo tiempo al jefe de gobierno de español, Mariano Rajoy, que no suspenda la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
El ejecutivo de Rajoy fue más allá: si Puigdemont sigue adelante "habrá que tomar medidas", advirtió la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a la emisora de radio COPE. Y pidió a los independentistas "que no se tiren al precipicio".
Hoy, Puigdemont tendrá una primera oportunidad de proclamar la independencia en su comparecencia ante el Parlamento regional catalán -a las 16H00 GMT- tras el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre. Según su ejecutivo en este la secesión logró el 90% de los votos con una participación del 43%.
La última vez que un gobierno catalán declaró la independencia, en 1934, su presidente Lluís Companys acabó en la cárcel, un hecho que este lunes un dirigente del Partido Popular de Rajoy, Pablo Casado, le recordó a Puigdemont.
LA RESPUESTA
DEL ESTADO
La vicepresidenta eludió concretar si el gobierno aplicaría el artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán, pero deslizó que el Senado debería ser parte de la respuesta, y es precisamente la Cámara Alta la que debe dar el visto bueno a esa medida.
El líder del primer partido de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, también pidió a Puigdemont que "pare las máquinas y no haga la declaración unilateral de independencia". Este lunes, tres empresas catalanas más -la inmobiliaria Colonial, la operadora de autopistas Abertis y su filial de telecomunicaciones Cellnex- anunciaron que trasladaban su sede social de Barcelona a Madrid, con lo que la región perdió seis de sus siete compañías en el índice bursátil español Ibex 35.
Para la principal patronal catalana, Fomento del Trabajo, esto "es un reflejo claro del grado máximo de preocupación" del mundo empresarial, señaló en un comunicado, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar "hacia la insolvencia económica".
La crisis política creada por la consulta prohibida del 1 de octubre y por años de tensión entre Barcelona y Madrid es la peor desde la reinstauración democrática en 1978. En ella está en juego el destino del 16% de la población y el 19% del PIB que suponen Cataluña en España.
Signo de la desconfianza que se está instalando, incluso en las instituciones de Cataluña, su Tribunal Superior de Justicia pidió a la policía nacional, que depende de Madrid, que comparta las tareas de seguridad con los Mossos d'Esquadra, la policía catalana.