Por momentos causa impotencia las falencias del sistema legal y en este caso del Código Penal. Se trata de una deuda de los bien pagos legisladores nacionales que se suelen entretener en discusiones estériles sin atender lo urgente y lo importante, como aumentar las penas para quienes maten corriendo picadas en las calles o rutas de la Argentina. Los jueces hoy no cuentan con una figura legal que permita condenar a los homicidas viales que transforman un vehículo en un arma mortal. Decenas, quizás cientos, de asesinos al volante no han cumplido siquiera un día en la cárcel a pesar de que condujeron con negligencia y conscientes de que podían causar daños irreparables si se acelera más de la cuenta o no se frena en las esquinas. Es una injusticia enorme, intolerable. 

Por culpa e irresponsabilidad de esos criminales, cientos de familias quedan envueltas en un dolor eterno y lloran por ausencias repentinas, irreparables, inexplicables. Más tarde de lo que hubiera sido necesario, el Gobierno nacional presentó la semana pasada proyecto de ley que propone crear la figura de "homicidio vial", con penas de prisión que van de 8 a 25 años para quienes maten personas cuando corren picadas. La iniciativa propone que el delincuente vial quede preso desde el momento cero de la investigación, y que se le aplique además la pena absoluta de inhabilitación para conducir.

El proyecto, que tiene origen en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fue presentado en un acto que se llevó a cabo en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso y que contó con la presencia de familiares de Tahiel Contreras, un niño de seis años que perdió la vida el 13 de septiembre pasado, víctima de una corrida de autos en Gregorio Laferrere, en el conurbano bonaerense. Por eso mismo se conoce a esta iniciativa como "Ley Tahiel". 

Actualmente, el artículo 193 bis del Código Penal contempla el acto de correr picadas como un delito pero a la hora de aplicar penas solo prevé una sanción menor que además es excarcelable, ya que va de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena. Al respecto, la misma pena se le aplica al conductor, al organizador, a los que promocionan la actividad y al dueños del auto, aunque no sea quien lo estaba conduciendo.

En el momento de la presentación en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, consideró que "el desprecio a la vida tiene que tener el mismo castigo en el Código Penal" a la vez que señaló que "es muy importante que este Congreso se aboque a la fijación de penas, para que los jueces no puedan escaparse por los vericuetos de la ley". A favor de los magistrados, hay que decir que están trabajando con las herramientas que les dieron los legisladores. Por tanto, existe una corresponsabilidad funcional a la hora de explicar el estado actual de las cosas que parece favorecer a los homicidas viales. En todo caso, Massa y todo el sistema político institucional debería tratar de ensayar una explicación sobre las demoras en avanzar con esta ley, quizás se hubiera evitado la muerte de Tahiel y muchos inocentes más. 

Ahora que hay una iniciativa en el Congreso no debería perderse tiempo en los laberintos de las comisiones sino que resulta imperativo avanzar, en este caso, a toda velocidad para que cuanto antes se apruebe y se ponga en vigencia. De esa manera, se enviará un contundente mensaje para quienes acostumbran a usar sus autos como una arma homicida sin importarle lo más mínimo el daño que puedan causar. 

La asociación civil Luchemos por la Vida recuerda que desde 2008 correr picadas es un delito, expresamente previsto en el Art. 193 Bis del Código Penal, aún cuando no se hayan causado daños concretos. Según un artículo de 2015, la entidad lamentó que desde las esferas gubernamentales no haya políticas consistentes para prevenir, frustrar y, por sobre todo, castigar a quienes lo cometen. Que sepamos, nunca nadie fue condenado a la cárcel por él agregaban desde Luchemos para dar cuenta de una impunidad inaceptable. 

¿Cuántas muertes tendrán que suceder, antes de que se persiga, seria y sistemáticamente, a este tipo de potenciales delincuentes y se condene a los culpables? se preguntó la asociación que busca mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito. Las actitudes temerarias de conductores o actores del tránsito que quedan impunes y sin sancionar deberían ser una prioridad de los poderes del estado más allá que la pandemia y su impacto en los sistemas de salud, y las cuarentenas y sus efectos en la economía, se lleven toda la atención de las autoridades desde hace siete meses.