Maximiliano Sosa tenía 3 años cuando fue visto por última vez el 21 de diciembre de 2015 en Ceres (Departamento San Cristóbal).

El menor desapareció en la puerta de la casa de su abuela Patricia Sayago, por lo que la misma, luego de varias instancias judiciales, estuvo presa durante cuatro años junto con su pareja Ariel Reinaldo Malagueño.

Los principales sospechosos fueron enjuiciados en 2021 y liberados por falta de mérito. En octubre de este año, la Corte Suprema le ordenó a la justicia federal que vuelva a retomar la búsqueda del menor.

En ese año, el primer mes se trabajó muy intenso y rápidamente los medios locales y provinciales se hicieron eco de la noticia. Aunque con el correr de los años, por falta de pruebas el caso fue quedando atrás en la agenda judicial.

Corte Suprema

Daniela Sosa, la mamá de Maxi, insistió en la Justicia, en septiembre de este año, y la Corte Suprema le ordenó a la justicia federal con sede en Rafaela, que actúa por jurisdicción, reabrir la causa un mes después.

El fallo, que lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, solicitó “ampliar espectro territorial para establecer si el menor pudo haber sido inscripto en registros civiles provinciales e indagar sobre la existencia, a partir de la fecha de desaparición, de algún cadáver perteneciente a algún niño de tres años cuya identidad pudiera ser compatible con la de Maxi”.

Por otro lado, la tía de Maxi admitió que estaba acostada cuando el menor le pidió permiso para ir a jugar a la casa de un amiguito, pero el menor nunca llegó a destino.

Tras el episodio, los policías, bomberos, helicópteros y perros rastreadores investigaron todos los días, también, la comunidad se unió para buscar al niño en canales, descampados y caminos de Ceres, pero nada.

En las primeras horas de la búsqueda, surgió la hipótesis de que el niño podría haber caído en una cava cercana a la casa familiar, pero los rastrillajes no arrojaron resultados.

En julio de 2016, la fiscal Hemilce Fissore de la Unidad Fiscal San Cristóbal, les imputó a Sayago y Malagueño el delito de sustracción del menor sin el consentimiento de su madre, retención y ocultamiento para luego desplazarse a un destino desconocido.

En 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció $1 millón de recompensa para quien pueda aportar datos sobre el paradero de Maxi y difundió una fotografía actualizada.

Aunque hasta el momento no concluyó el caso, no se dieron ningún tipo de pruebas indagatorias, y el expediente corre el riesgo de dormir el sueño de los justos. (Con información de NA).