Se memora que Roberto Apullán y María Laura Martí se encuentran indagados judicialmente desde el año pasado, luego de que se difundieron escuchas telefónicas que involucraron a Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad de la Provincia, en el marco de una defraudación al Estado a través de la Orden de Servicio de Policía Extraordinaria (OSPE).

En ese marco los fiscales determinaron intervenir el teléfono oficial de Pullaro, y escucharlo durante al menos un mes con autorización del juez Nicolás Falkenberg.

JEFE DE UNIDAD DETENIDO

En un momento, Apullán ordenó que el comisario mayor Adrián Rodríguez (titular de la Unidad Regional V de Policía con sede en nuestra ciudad), sea detenido por efectivos de Asuntos Internos (policías que investigan a sus pares) el 9 de octubre del 2017, y posteriormente trasladado a Santa Fe para en Tribunales imputarlo por una causa de cohecho.

Un día después, Rodríguez fue liberado por disposición de Carlos Arietti, fiscal regional, quien le ordenó a Apullán que Rodríguez transite el proceso en libertad, a la vez que en declaraciones a la prensa manifestó que no había convalidado la decisión del fiscal.

Recuerda en esta Jornada diario Uno, que la decisión del jefe de los fiscales causó gran sorpresa y dejó un manto de suspicacias sobre lo que realmente se investigaba. Esas sospechas se profundizaron aún más cuando el 26 de octubre el fiscal Apullán citó a Rodríguez para ser imputado en la Fiscalía Regional, y minutos antes una instrucción del fiscal Arietti dispuso que (Apullán) se aparte de la investigación, ya que la misma había pasado a manos de Ezequiel Hernández, fiscal de Delitos Complejos.

ESCUCHAS Y ALGO MAS...

Días después de ese truncado y escandaloso episodio en el ámbito de la Justicia provincial, una serie de CD que contenían varias escuchas telefónicas en las que figuraba el ministro Pullaro se difundieron por distintos medios de comunicación. Esa situación motivó a que el propio jefe de Seguridad de la Provincia, el 7 de noviembre salga a explicar el contexto de las escuchas, además de preguntarse quién fue la persona que los suministró a la prensa, y con qué intención.

Y un día después radicó la denuncia para que se investigue cómo se filtraron los registros de audios, que se difundieron por algunos medios de comunicación de la ciudad y la región. En tanto, en julio de este año, el propio ministro se constituyó como querellante por medio del abogado Pablo Cococcioni.

INICIO DE LA CAUSA

La denuncia, por una cuestión de competencia, fue remitida al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Rosario.

Allí los fiscales Juliana González y Gustavo Ponce fueron quienes iniciaron la investigación que apuntó a una serie de peritajes de las computadoras y celulares que utilizaron los fiscales Apullán y Martí, y también dos agentes de Asuntos Internos: Ariel Katramis y Nicolás Grimoldi, para saber si desde el organismo judicial se filtraron las escuchas que involucraron al ministro de Seguridad.

APELACION, Y CARGA CONTRA ARIETTI

La solicitud de los fiscales fue apelada por la defensa de Apullán y Martí, a cargo de Néstor Oroño y terminó en un debate llevado a cabo el pasado 14 de junio en la Sala 5 de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe ante el juez de alzada, Enrique Alvarez.

En ese momento se discutió, principalmente, si debía autorizarse el "acceso a toda la información que se hallaba dentro de los servidores del Ministerio Público de la Acusación, en relación a los usuarios correspondientes a los fiscales Apullán y Martí". A su vez, fue en esa misma audiencia donde Apullán y Martí se sentaron en el banquillo de los acusados y con fuertes dichos inculparon a su jefe, Carlos Arietti.

Según indicó Apullán, tanto él como la fiscal Martí recibieron órdenes de Arietti para que comuniquen al Poder Ejecutivo las transcripciones que figuraban en la causa que estaban siguiendo. En esa línea, el funcionario judicial exigió que también se investigue a su propio jefe.

ALGUNAS DECISIONES

El 21 de junio, el juez Enrique alvarez resolvió de manera parcial sobre los pedidos realizados por los fiscales González y Ponce. Por un lado, hizo lugar al pedido de peritaje de los teléfonos celulares y computadoras secuestradas a los fiscales santafesinos que se encuentran bajo la lupa, mientras que rechazó que la investigación tenga acceso a la información que se encuentra dentro de los servidores del MPA.

"No se explicita qué se busca puntualmente, por lo que entrar a los servidores de los investigados –fiscales de primera instancia en funciones–, donde se encuentran otras investigaciones en trámite, es muy temerario y violaría cualquier norma al respecto", sostuvo en su fallo el magistrado de segunda instancia.

OROÑO YA NO LOS DEFIENDE

Sobre la defensa de Apullán y Martí, por el momento se desconoce qué letrado defenderá a los funcionarios judiciales ya que el propio Néstor Oroño dejó de representarlos en la causa que los tiene señalados.

La salida de Oroño del caso se debe a que el letrado forma parte de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial, la cual analiza un total de 62 expedientes que contemplan denuncias a fiscales y defensores públicos por "faltas leves o graves", en su desempeño.

En dichos expedientes, también se encuentran Apullán y Martí.