Tras anunciar el uso de fondos previsionales para un plan de crédito barato destinado a construir viviendas, el Gobierno confirmó el jueves su decisión política inamovible de no actualizar los 5.600.000 jubilaciones del país al 82% móvil, en consonancia con lo ordenado por la Corte Suprema en los fallos Badaro y Eliff, informó La Nación.

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Diego Bossio, argumentó que ese aumento implicaría un "riesgo institucional" y desfinanciaría el sistema.

Luego de consultarlo con la Presidenta, Bossio formuló esa justificación definitiva como respuesta a la Corte, que dos días antes intimó a la ANSeS a informar en un plazo de 30 días sobre el atraso en el cumplimiento de fallos judiciales favorables a los jubilados que demandaron mayores haberes, y también sobre el destino de los recursos previsionales.

En medio del revuelo por el anuncio del plan de créditos para vivienda, el Gobierno considera que "si universalizara" el fallo Badaro, la ANSeS "perdería $ 50.000 millones por año" y "desaparecería" en pocos años el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo.