Un nuevo capítulo del debate aún no saldado, en torno a ex funcionarios que se encuentran en prisión, comenzó a escribirse ahora con el pedido efectuado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, condenado por la tragedia ferroviaria de Once, sea beneficiado con prisión domiciliaria. 

La reacción de los familiares de las 52 víctimas fatales de ese accidente ocurrido en febrero de 2012 y también de sectores políticos no oficialistas fue de un rotundo rechazo a la solicitud del Gobierno nacional, que si no se convierte en un nuevo escándalo será porque la agenda pública tiene su foco de atención en todo lo referido a la pandemia del coronavirus. 

La defensa oficial de Jaime, quien fue funcionario entre 2003 y 2009, había pedido la excarcelación o el arresto domiciliario porque tiene 65 años y problemas de salud como hipertensión, cuadros cardíacos y respiratorios, por lo que se encuentra "dentro del denominado grupo de riesgo ante la expansión del Covid-19″.

Los interbloques de senadores y diputados nacionales de Juntos por el Cambio plantearon la situación con claridad en la siguiente declaración: "Nos preocupa que, en el marco de la actual emergencia sanitaria y económica, se pretenda utilizar al Servicio de Justicia a favor de la impunidad, debilitando de este modo la credibilidad de las instituciones de la democracia".

El caso de Milagro Sala, condenada por la justicia de la provincia de Jujuy, es quizás el caso emblemático en esta "cruzada" al rescate de ex funcionarios salpicados por la corrupción. La discusión se aceleró el año pasado durante la campaña electoral cuando, desde el núcleo duro del kirchnerismo, se inició un reclamo para lograr la libertad de ex funcionarios que se encontraban detenidos con prisión preventiva o directamente condenados por casos de corrupción. En ese marco, los impulsores de este planteo utilizaron la figura de "preso político" para referirse a "compañeros" con quienes comparten espacio político para crear una falsa ilusión de que su paso por las cárceles es injusto.  

Al mismo tiempo, los exfuncionarios detenidos insistieron en su exigencia al nuevo Gobierno para que los considere “presos políticos” y acelere su liberación. El propio presidente, Alberto Fernández, se involucró en este debate al afirmar en duros términos su malestar cuando le dicen que en su gobierno tiene presos políticos. En esta línea, consideró en febrero último que "la discusión semántica no es menor: el preso político, técnicamente, es un

preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es el preso sin causa. Y yo no tengo

a ningún preso sin causa".

Tres días después del cambio de gobierno en diciembre pasado, la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal ordenaba que el exministro de Planificación, Julio De Vido, abandone su celda en la cárcel de Marcos Paz y le concedía el arresto domiciliario con tobillera electrónica incluida, luego de permanecer 26 meses preso. Pero a principios de marzo de este año, el ex diputado nacional desaforado fue beneficiado con la excarcelación, pese a haber sido condenado a 5 años y 8 meses de prisión por la Tragedia de Once aunque esa sentencia no está firme. 

Más tarde fue el turno del ex vicepresidente Amado Boudou, a quien el Tribunal Oral Federal 4 le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria mientras cumple la condena a cinco años y diez meses de cárcel por la compra venta de la imprenta Ciccone. A comienzos de este mes de abril, el también ex director de ANSES fue trasladado del penal de Ezeiza a su mansión del barrio porteño de Barracas para iniciar una especial cuarentena obligatoria, también bajo vigilancia electrónica.  

Cabe consignar, en este masivo reclamo de prisiones domiciliarias de quienes se encuentran presos, que el Tribunal Oral Federal 5 rechazó el 13 de abril último el pedido de prisión domiciliaria del represor Alfredo Astiz, de 68 años, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Astiz, preso desde hace 17 años en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, había pedido acceder a la domiciliaria al ser considerado del grupo de riesgo de contagio frente al coronavirus y luego de que uno de los jueces de dicho Tribunal, Daniel Obligado, le concediera el beneficio a Boudou.

Curiosamente, el Tribunal en su conjunto rechazó la prisión domiciliaria del represor, aunque no se expidió sobre los

argumentos de la defensa, que pedía aplicar los conceptos utilizados para beneficiar con esa medida a Boudou. De este modo, pareciera aplicar un peligroso criterio discrecional a la hora de conceder el beneficio. Es que días atrás, el juez Obligado concedió a Boudou la prisión domiciliaria, al considerar que el ex funcionario corría riesgo frente a la pandemia del coronavirus, más allá que no tiene problemas de salud y no supera los 60 años, y que la sentencia no está firme. Si se hecha mano a este mismo criterio para evaluar el caso de Jaime, debería salir de la cárcel sin contratiempos.