Esta tercera apertura del canje de deuda por parte de nuestro país, que acaba de anunciar la presidenta Cristina Fernández, tiene un claro objetivo destinado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, para que al momento de resolver sobre el caso de los fondos buitre, que ya tuvieron un fallo favorable del juez Thomas Griesa y el respaldo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, tenga en cuenta que la Argentina está actuando de buena fe y con la intención de resolver el caso de los poseedores de bonos de nuestra deuda en situación de default.

La historia es bastante reciente, pero conviene recordarla, pues para resolver el tema de la deuda, el gobierno kirchnerista resolvió dos convocatorias en 2005 y 2010 para la reestructuración de la deuda, en los cuales el 93% de los poseedores de títulos y otro tipo de papeles, aceptaron acogerse al acuerdo, con una quita del 75% del volumen de acreencias. Sin embargo, el 7% restante no aceptó ninguno de los dos ofrecimientos y continuó litigando a través de la Justicia de los Estados Unidos, siendo esos valores los que se denominan "fondos buitre" y que oportunamente fueron adquiridos por muy poco dinero ya que se trataba de papeles en default, aunque siempre con la intención de no acceder a nada para continuar en la Justicia los reclamos, pues tiempo es lo que les sobra, tratando de convertir una reducida inversión inicial en varios cientos de millones de dólares.

Para nuestro país el riesgo es grande, pues de tener que pagar el total del valor de los títulos de deuda a ese minoritario 7% de poseedores que no aceptó los canjes anteriores, ¿cómo reaccionará el 93% restante que aceptó una quita del 75% de sus acreencias? Sin dudas que se sumarán al reclamo, pudiendo convertirse en generalizado. Es por esa razón que desde el gobierno se agotarán todos los recursos para sostener la decisión anunciada y reiterada en cuantas oportunidades tuvo de hacerlo la presidenta de la Nación, de no pagar a los "buitre", surgiendo ahora esta nueva alternativa para alcanzar un acuerdo también con esos poseedores. Que no son pequeños ahorristas, sino que se trata de especuladores financieros que operan en todo el mundo haciéndose de esta clase de valores, para luego actuar de la manera descripta.

Justamente, uno de los argumentos utilizados por la Justicia estadounidense -tanto del juez Griesa como la Cámara- es que la Argentina es "un deudor recalcitrante" y de posiciones irreductibles, lo cual tiene su explicación. Es verdad que en determinado momento nuestro país nunca pagó vencimientos, siempre refinanciándolos y convirtiendo por lo tanto su deuda en una bola de nieve, pero ahora desde hace casi una década viene pagando puntillosamente cada uno de los vencimientos, tanto de capital como intereses, lo cual se ha visto posibilitado por los acuerdos alcanzados con los acreedores en 2005 y 2010, con la apuntada excepción de los poseedores de fondos buitre. En cuando a la posición irreductible, también tenido en cuenta, obedece a ciertos posicionamientos expresados de manera contundente por las más altas autoridades de nuestro país desde hace unos años, en el sentido que de ninguna manera se pagaría a quienes no habían ingresado en los dos canjes, cuando en cambio -tal como fue aconsejado por expertos en negociaciones internacionales- hubiese sido mejor dejar abiertas las puertas para discutir el tema. Se optó en cambio por una cerrada negativa, que ahora es usada para argumentar estos fallos judiciales adversos.

De todas maneras, se provocó ahora una reversión absoluta de esa postura, justamente con esta tercera apertura de canje para los bonistas que no accedieron a los acuerdos anteriores, como una manera de mostrar buena voluntad y no una cerrada postura como fue hasta hace poco tiempo atrás.

De todas maneras, se interpreta que contando con un fallo judicial favorable y avalado por la Cámara de Apelaciones, quedando sólo por delante la instancia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos -los antecedentes dicen que sólo revirtió el 3% de los casos resueltos con ese respaldo-, es muy improbable que los poseedores de estos títulos accedan a negociar un pago y además con importante quita, tal como se hizo con los anteriores. Recordemos que de lo contrario, podría producirse una avalancha de juicios y reclamos, de parte de la mayoría del 93% que aceptó la quita.