BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) debió postergar las elecciones que se iban a realizar ayer por una decisión de la Inspección General de Justicia, a la que acusó de "excederse en sus funciones". La entidad empresarial comunicó a los asociados que "la aclamación en asamblea de la única lista presentada a las elecciones de CAME tendrá́ que ser pospuesta".

"Recibimos una comunicación de la Inspección General de Justicia (IGJ), en claro exceso a las facultades del organismo, ordenándonos suspender la asamblea", señaló la entidad. Dijo que "el confuso fundamento radica en que no se habría respetado un plazo de espera de quince días fijado por el organismo para tratar los Estados Contables, aunque como todos sabemos, en la asamblea no se iba a tratar ningún tema relacionado con los mismos".

"Más allá́ de apelar la resolución enérgicamente para que el Poder Judicial corrija el lamentable error, hemos decidido acatar provisoriamente la decisión, aun siendo arbitraria, para proteger a todos nuestros asociados de cualquier nueva arbitrariedad consecuente", indicó la CAME.

La entidad repudió la "práctica de quienes han difundido versiones distorsionadas de la noticia, y que no advierten que, al intentar ensuciar la honra de las autoridades, lo que logran es degradar la reputación de CAME y la suya propia".

La IGJ dice que encontró irregularidades en el manejo del acto eleccionario para la renovación de autoridades de la CAME y sancionó con apercibimiento a su presidente, Gerardo Díaz Beltrán. Advirtió que Díaz Beltrán no habría permitió la oficialización de otras listas y buscaba renovar su mandato este viernes.

El Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, ya había suspendido una reunión de Consejo Directivo de CAME del 27 de agosto pasado por negarle documentos pedidos por el vicepresidente primero, Diego Navarro, en mayo último, como el presupuesto 2020, los balances de 2017 a 2019, y el detalle de inversiones que hizo la entidad en 2019.

El conflicto en CAME tuvo su origen a principios de agosto de este año, cuando un socio llamado Pedro Salas pidió a la IGJ intervenir ante supuestas irregularidades en el manejo de fondos. El dirigente, que preside la Sociedad Rural cordobesa, solicitó investigar la "administración, distribución irregular y posible desvío de fondos" del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de 353 millones de pesos.

El INACAP, creado en 1975 y financiado por la contribución patronal obligatoria, brinda desde 2008 y a través de CAME, capacitación a trabajadores y empleadores.

Ante la primera denuncia, la IGJ intervino en el conflicto y designó a dos inspectores fiscalizadores o veedores, Martín Blanco y Ana Castagnino. Luego llegó una segunda denuncia, en este caso presentada por el vicepresidente primero de la CAME, por "violación al derecho a la información". CAME está formada por casi 1.500 federaciones o cámaras y más de 600 mil empresas.