La pérdida de reservas en el Banco Central, la inflación y la

restricciones cambiarias son algunos de los temas sobre los cuales

operadores de mercado, empresarios y muchos ciudadanos aguardan

que la presidenta Cristina Kirchner comience a adoptar medidas

tras ser dada de alta.

Esas y otras cuestiones de fondo, como el freno a las

importaciones y los controles de precios que no vienen dando los

resultados esperados, forman parte de una extensa lista de

cuestiones potenciadas durante el mes de posoperatorio de la jefa

de Estado.

Existe sensación de parálisis en el equipo económico, o más

precisamente de posiciones contrapuestas que se neutralizan entre

sí, en medio de internas cada vez más evidentes.

En especial esa contradicción alcanza a qué hacer con el

mercado cambiario, donde no existe unidad de criterio entre el

Banco Central, el Ministerio de Economía y la Secretaría de

Comercio Interior.

Por cómo se manejó la presidenta en sus casi seis años de

gobierno, no es de esperar que regrese a sus funciones y ponga en

marcha una inmediata batería de medidas para corregir las

distorsiones del modelo económico.

En cambio, sí podrían comenzar a salir medidas graduales

destinadas a tratar de atenuar el daño que la brecha entre el

dólar oficial y el blue le están provocando a la economía.

En especial preocupa el deterioro del poder adquisitivo, a un

ritmo que orilla el 3 por ciento mensual, y que ya disparó

reclamos de la CGT opositora que exigiría un plus cercano a los

5.000 pesos para fin de año, en línea con lo que ya anticipó el

sindicato de Camioneros.

Del lado empresario consideran que el costo laboral se escapó y

es uno de los factores que están impulsando la inflación.

El otro componente es el encarecimiento de insumos, muchos de

los cuales se vienen cotizando a un dólar más cercano al "blue",

y las trabas para importar.

En este escenario, la caída de reservas parece haber tomado por

sorpresa al gobierno nacional.

Cuando se aplicó el cepo progresivo a la compra de dólares,

existió una promesa a la jefa de Estado de que evitando atesorar

divisas se empezaba a terminar el problema de la pérdida de

reservas.

Por esa razón, la presidenta decidió asumir el costo político

que la terminó de enemistar con los sectores con alguna capacidad

de ahorro en la Argentina, y en especial con las clases medias,

acostumbradas a refugiarse en divisa estadounidense para

resguardar su patrimonio.

Con el cepo cambiario, la fuga de capitales se atenuó, pero no

en los niveles que le habían prometido sus funcionarios a la

mandataria.

Los cálculos de la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont,

pero sobre todo del secretario de Comercio Interior, Guillermo

Moreno, habrían sufrido un error abismal.

Tenían previsto comprar más de U$S 12.000 millones y terminaron

vendiendo más de U$S 2.000 millones.

Fallaron por unos U$S 14.000 millones de dólares, sin que el

ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijera nada al respecto.

Pero a la presidenta sobre todo debería preocupar la falta de

capacidad para anticipar esto por parte del viceministro de

Economía, Axel Kicillof, quien desembarcó en el Palacio de

Hacienda con decenas de técnicos, la mayoría traídos de la UBA, y

sin embargo tampoco pudo prever semejante comportamiento del

principal activo que tiene el país para defenderse ante una

corrida.

Sin divisas suficientes en el BCRA, la crisis cambiaria

terminaría de convertir en una pesadilla la aventura del cepo.

Para colmo, las importaciones de combustibles, provocadas por

una crisis energética largamente anunciada por el grupo de

exsecretarios de Energía a los que el gobierno suele vapulear,

eleva a 13.000 millones de dólares la necesidad de divisas para

importar combustibles y evitar cortes a los hogares en el próximo

invierno.

En octubre, las importaciones de gas y combustibles llegaron a

U$S 1.000 millones y subieron 90% respecto del mismo mes del

2012.

El déficit no es solo en materia energética: el complejo

automotriz arrojará un déficit de U$S 7.200 millones este año, por

la importación de autopartes por U$S 8.500 millones.

Cuantos más autos se venden, más autopartes hace falta traer de

afuera y más nafta se consume, presionando sobre las

importaciones.

A eso se suma el desbalance en electrónica, que fue de U$S

6.500 millones en 2012 y puede superar los U$S 7.000 millones este

año.

Hasta ahora, lo único que se le ocurre al gobierno es apelar al

sector agropecuario, como lo vino haciendo en la última década de

precios récords de las materias primas.

Primero con un nivel alto de retenciones, luego aprovechando la

brecha cambiaria, por la cual las divisas sojeras se liquidan a

dólar oficial menos el 35%, pero rinden a casi 10 y, en la última

semana, limitando la financiación en pesos de cerealeras.

La política de parches parece estar alcanzando su techo: la

economía empieza a necesitar un plan integral, pero aplicarlo

tendrá costos altos, que un gobierno al que le esperan largos 25

meses para concluir su mandato, no parece tan dispuesto a encarar.