El Gobierno busca que el congelamiento de precios de los combustibles
sirva para frenar la presión de la demanda sobre YPF, pero sobre
todo persigue el objetivo de robustecer la política de contención
inflacionaria, que no estaría arrojando los resultados esperados.
Según la evaluación que hace la Casa Rosada, el acuerdo
alcanzado con supermercados y casas de electrodomésticos, entre
otros, no aseguraría el freno a la inflación, y requeriría de
nuevos incentivos, y en esa lógica las naftas y el gasoil juegan
un rol clave.
El congelamiento de los combustibles fue dispuesto hasta
octubre próximo, mes de las elecciones legislativas clave para dar
el oxígeno necesario a los dos años de mandato que le quedarán a
la administración de Cristina Fernández hasta diciembre de 2015.
La jefa de Estado aspiraría llegar al final de su mandato con
la mayor cantidad de variables económicas bajo control, con el fin
de poder imponer sin problemas un sucesor que le garantice la
continuidad del modelo en curso.
Para el INDEC, la inflación de marzo -mes donde rigieron a
pleno los acuerdos de precios- fue del 0,7 por ciento, por encima
del 0,5 alcanzado en febrero. Para las consultoras privadas, los
precios crecieron el doble.
Unos días antes de conocerse ese indicador, el secretario de
Comercio Interior, Guillermo Moreno, se despachó con una
resolución que congelaba los precios de los combustibles al máximo
valor cobrado por las petroleras al 9 de abril último.
La medida generó confusión entre los operadores del mercado de
combustibles y una reacción inmediata de YPF, la petrolera estatal
que tiene el 55 por ciento del mercado, que subió los precios un
10 por ciento.
El objetivo inicial de la medida apuntó a evitar que se
continúe desequilibrando el mercado de combustibles, ya que la
demanda sobre YPF venía aumentando en paralelo a los ajustes
dispuestos por Shell y Esso.
Tras el severo percance que le ocasionó el incendio de la
destilería de Ensenada en medio de las inundaciones, la capacidad
de producción de la petrolera estatal quedó dañada, a tal punto
que la obligará a aumentar 40 por ciento sus importaciones de
combustibles.
Esa es una muy mala noticia para la Argentina, cada vez más
exigida por la demanda de dólares que implica importar
combustibles.
El problema es que las petroleras privadas hicieron caso omiso
a la resolución de Moreno, y un día después de que lo hiciera YPF,
aumentaron los precios en los surtidores como si esa medida no
hubiese existido.
El precio de los combustibles influye sobre casi todas las
áreas de la economía, porque impacta sobre el transporte, en un
país donde la mayor parte de la mercadería se traslada en
camiones, y cuyo sistema ferroviario nunca pudo ser recuperado.
La confusión en el mercado petrolero tras conocerse la
resolución de Moreno tuvo otro capítulo, al recordar que en marzo
el CEO de YPF, Miguel Galuccio, había anunciado una recomposición
de precios que podía acumular un aumento del 30 por ciento en las
naftas a lo largo del 2013.
Es decir, mientras Galuccio anunciaba una política, Moreno
aplicaba la opuesta.
En el sector petrolero hay coincidencia en que un congelamiento
de precios solo servirá para resentir aún más la caída en las
inversiones, provocada especialmente por la decisión del gobierno
de impedir que las empresas puedan girar utilidades a sus casas
matrices.
Esto derivará en que cada vez sea necesario aumentar más la
compra de combustibles en el exterior, y que la demanda de dólares
vaya en aumento.
Esto también confirma que el cepo cambiario va para largo y que
tal vez no sea este gobierno el responsable de asumir la tarea
temeraria de desarmarlo.