BRASILIA, 25 (AFP-NA). - La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propuso el lunes que la población decida en un plebiscito la creación de una Asamblea Constituyente que lleve a cabo una reforma política, en respuesta a las históricas protestas que han sacudido el país en plena Copa Confederaciones.
Rousseff anunció asimismo nuevas inversiones en transporte público por casi 25.000 millones de dólares, al reunirse con los gobernadores y alcaldes de las capitales estatales para intentar dar una respuesta a los manifestantes.
Más temprano, la presidenta se reunió con líderes del Movimiento Pase Libre (MPL), el grupo que lanzó las primeras manifestaciones en Sao Paulo hace dos semanas.
"Quiero en este momento proponer un debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice el
funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país tanto necesita", dijo la
mandataria en la reunión con gobernadores y alcaldes.
"Brasil está maduro para avanzar y ya dejó claro que no quiere quedar parado donde está", añadió. El gobierno destinará "50.000 millones de reales (casi 25.000 millones de dólares) para nuevas inversiones en obras de movilidad urbana" y "para mejorar el transporte público en nuestro país, donde las grandes ciudades crecen", anunció Rousseff en un intento por calmar las protestas.
"Hay que hacer más metros, más tranvías y corredores expresos para autobuses", sostuvo. Los manifestantes del MPL, no obstante, aseguran que la lucha continúa hasta que obtengan un pase de transporte gratuito para los estudiantes.
"La lucha no para. La lucha por la tarifa cero (en el transporte) continúa", dijo la representante del grupo, Mayara Longo Vivian, tras reunirse con Rousseff.
"El diálogo es un paso importante, pero sin acciones concretas, que confirmen mejoras para la población, no existe avance", añadió.
Rousseff propuso en total cinco pactos nacionales entre el gobierno federal y los ámbitos estatales y locales: responsabilidad fiscal, reforma política, salud, transporte y educación.
También defendió una nueva ley que clasifique la corrupción como un "crimen hediondo" -al igual que los asesinatos y violaciones y que demandan por ello penas severas-, otra reivindicación de los manifestantes.
"Mi gobierno ha luchado para que 100% de las regalías del petróleo y 50% de las del presal vayan a la educación. Confío en que los legisladores aprobarán ese proyecto", sostuvo en relación al pacto sobre educación.