No es una rareza aplicar el popular refrán, "unos son hijos y otros entenados" que hace referencia a la desigualdad con que
son tratadas personas con iguales derechos en nuestra querida pero maltratada Argentina. Todo el tiempo se advierten inequidades en un país donde los méritos y las trayectorias profesionales no tienen el poder de la "amigo-cracia" o peor aún la "familia-cracia" para acceder a los cargos públicos. Esta anormalidad o irregularidad se percibe tanto en la Municipalidad de Rafaela en estos días, en el Gobierno de la Provincia después del 10 de diciembre de 2019 pero también antes de esa fecha cuando cambiaron las autoridades, en el Estado nacional y por supuesto en las legislaturas provinciales y el Congreso, entre tantos otros espacios que se mantienen con el dinero de los contribuyentes.
En realidad, sucedió casi siempre. Diputados y senadores santafesinos o nacionales suelen designar a sus hijos, esposas, cuñados y muchos más entre sus asesores solo para empoderar patrimonialmente a sus familias. Y no pocas veces logran también dejarlos en planta permanente de empleados, sin necesidad de atravesar búsquedas laborales con exámenes rigurosos y entrevistas estresantes para las cuales hay que prepararse especialmente cuando se compite por un puesto en el sector privado. Claramente, hay hijos y entenados. Si en la familia hay un político exitoso que crea toda una carrera para mantenerse de los dineros de la gente, crecen las posibilidades de que monte una pyme familiar que derrame prosperidad y bienestar para sus seres queridos, incluso para sus amigos si la pujanza es sustancial.
En apariencia, todo parece ser más fácil para quienes están en el círculo de la política. Emblemático es el caso de Amado Boudou, un argentino sin pergaminos condenado por la Justicia argentina luego de su paso por la función pública durante la cual quiso comprar la imprenta Ciccone, la denominada fábrica de hacer billetes puesto que imprime papel moneda. Debería estar preso, pero fue beneficiado por un polémico fallo judicial que interpretó que la salud del ex funcionario podría estar en riesgo si permanecía en la cárcel ante la pandemia del coronavirus. Sin estar en la lista de personas con otras patologías, aprovechó la oportunidad político-judicial y ahora transita los días en una amplia mansión bajo prisión domiciliaria.
Ahora se abrió la posibilidad de que el ex vicepresidente Boudou reciba una jubilación del Estado cuyo monto, según trascendidos, rondaría entre los $300 mil y $400 mil mensuales. La norma que avala este otorgamiento es la Ley 24.018 que establece que los presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema pueden acceder a una pensión vitalicia cuando cesan en sus funciones. El haber básico es el equivalente al sueldo de un Juez de la Corte que se reduce tres cuartos de dicho monto para los vicepresidentes, señala en su último informe el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
En este marco, la principal polémica se generó porque la ley 24.018 establece que esta jubilación no les corresponde a los funcionarios que, previo juicio político, hayan sido removidos por mal desempeño de sus funciones. Como el ex vicepresidente tiene causas penales y fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública, algunos interpretan que no debería otorgarse. El otro punto polémico es el monto del haber que resulta muy superior al haber máximo que expresamente contempla la ley, actualmente fijado en $113 mil.
Idesa plantea como pregunta pertinente cuán frecuente son estas excepciones. Según información publicada por la ANSES, de los 5,7 millones de jubilados y pensionados del sistema nacional, hay 57 mil que superan el haber máximo. El 63% de estos beneficiarios privilegiados o sea 36 mil personas reciben sólo una jubilación o una pensión. El 30% o sea 17 mil personas reciben 2 beneficios conformados por una jubilación propia y una pensión derivada por fallecimiento del cónyuge. Por último, el 7% o sea 4 mil personas obtuvieron el beneficio a través de las moratorias. Estos datos testimonian las injusticias que se generan como consecuencia del mal diseño de las normas previsionales, consigna la consultora a modo de queja.
El sistema no resiste análisis puesto que dentro de la compleja maraña regulatoria se filtran privilegios que permiten acceder a haberes muy superiores a los que la propia norma fija como máximo. También se permite cobrar altos haberes a través de la duplicación de beneficios o utilizando las moratorias, es decir, sin haber cumplido con un mínimo de aportes.
Para Idesa, resulta muy sugerente que quien fue el principal impulsor de la eliminación del régimen de capitalización en la Argentina, argumentando en ese momento la Justicia Social, sea ahora quien acceda a una irritante jubilación de privilegio. Semejante nivel de degradación debería motorizar un ordenamiento previsional en busca de la equidad para evitar que haya hijos y entenados.