El titular de la Anses, Diego Bossio, se reunió la semana pasada con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la conversación con los jueces del alto tribunal surgió que Bossio no está dispuesto a pagar la actualización que dispuso el fallo Badaro -para el período 2002/2006- a los 300.000 jubilados que reclaman esa movilidad, según informó ese mismo día el matutino La Nación.

Bossio se reunió con la Corte durante más de una hora y expuso los fundamentos técnicos de un largo informe que presentó hace un mes, para explicar las dificultades financieras que tendría el Anses para hacer frente a todos los juicios.

Según Bossio, el Anses no está en condiciones de consentir todos los reclamos, porque tienen particularidades que hacen que el caso Badaro no pueda ser aplicado en forma automática.

En la Corte, que preside el rafaelino Ricardo Lorenzetti, calificaron la reunión de positiva -el tribunal está preocupado porque existen más de 450.000 demandas en los tribunales previsionales- pero se decidió crear una comisión de trabajo para intentar buscar alguna solución a un conflicto que, según todo lo indica, está destinado a continuar durante años.

Igualmente Bossio se comprometió a "incrementar el pago de las sentencias". El funcionario reiteró los lineamientos del informe donde aseguró que el costo de extender el fallo Badaro al resto de los jubilados representaría unos 14.000 millones de pesos anuales, más 28.000 millones de retroactivos que se pagarían por única vez. Pero aseguró que estos pagos pondrían a la Anses en situación de "riesgo institucional".