El pasado 2 de diciembre, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó una nueva Ordenanza del límite agronómico para regular la aplicación de productos fitosanitarios. El último miércoles, en tanto, el intendente Luis Castellano vetó algunos puntos de la normativa, para profundizar el estudio de ciertos artículos. Al margen de eso, el paso dado por la ciudad santafesina es más que interesante porque la ordenanza en cuestión es una herramienta superadora para un tema que es muy sensible.

El abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni, especialista en derecho agrario, asesoró durante más de un año a la Sociedad Rural y legisladores locales “para abordar el tema para prohibir pulverizar sin argumentos científicos suficientes, un trabajo de más de un año en conjunto”, según le explicó a La Voz del Pueblo.

Para luego asegurar que “Rafaela ha logrado una ordenanza que es actual, dinámica y tiene una característica muy particular que me parece muy buena: que está sujeta a una revisión a los tres años. Porque la ciencia va evolucionando y eso va generando nuevos parámetros, nuevos paradigmas se resuelven y se va produciendo un ambiente encaminado, por supuesto, a la sustentabilidad del ambiente para el hoy y para el futuro, como dice la Constitución”.

En su descripción sobre el espíritu y esencia de la legislación que da marco a la ordenanza aprobada por mayoría de concejales de la ciudad, Borioni afirmó: “El derecho ambiental es dinámico y permite la revisión permanente porque es adaptar el ambiente a la sustentabilidad para el hoy y para el futuro, como bien lo dice la Ley de Impacto Ambiental. Es una ley muy rica desde el punto de vista de su la finalidad, pero puede ser un arma muy letal si se la utiliza intencionalmente para perturbar sectores, que eso es lo que pareciera que ocurriera”.

Y analizó en ese sentido: “Se analiza sectorialmente una actividad y no a otras que están haciendo las cosas de la manera que se les ocurre, entonces yo creo que acá hay que tener la sinceridad y, como se fue dando en Rafaela con un debate profundo y largo, tener la conciencia y tranquilidad que se analizaron las cosas y que se trató de hacer el menor impacto ambiental posible”.

De todos modos, el doctor Borioni aclaró que entiende que “no hay que promover ordenanzas que legislen en el tema. La ley de agroquímicos provincial y nacional, junto con el Senasa, la Ley de impacto ambiental nacional, más los observatorios son suficientes controles y regulaciones. Los municipios no deben participar más allá de determinar la zona respectiva urbana y rural”.