BUENOS AIRES, 28 (NA).- El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán, y le trabó embargo por 4.000 millones de pesos en la causa de los cuadernos por supuestas coimas en la obra pública durante el gobierno anterior.

Tras conocerse la resolución, Padoán, que estaba vinculado a la empresa aceitera Vicentín, pidió una licencia de seis meses al frente a la Bolsa rosarina, informó la entidad en un comunicado. En la solicitud de licencia, Padoán manifestó la "absoluta convicción de su inocencia" y dijo que apelará la resolución en su contra, por considerarla "contraria a derecho".

La Mesa Ejecutiva de la BCR en reunión ordinaria evaluó el pedido formulado y le otorgó la licencia por seis meses, además de resolver que durante ese lapso quede a cargo de la presidencia el vicepresidente 1°, Raúl Meroi.

Padoán, que es señalado en la investigación como la "conexión rosarina de la causa de los cuadernos", aparece como integrante de una asociación ilícita y se lo acusa de dos hechos de dádivas.

Además, Bonadio procesó al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en el marco de la causa de los cuadernos por supuestas coimas en la obra pública durante el gobierno anterior. Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, y señalaron que el procesamiento de Rocca, uno de los empresarios más poderosos del país, tiene que ver con el pago de sobornos que un ejecutivo de su grupo -Luis Betnaza- realizó a funcionarios kirchneristas.

El magistrado federal también le dictó la falta de mérito al empresario Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, cercano al gobierno de Cambiemos.

El procesamiento de Rocca, que incluye un embargo de 4 mil millones de pesos y la prohibición de salida del país, fue firmado junto a la ampliación de las acusaciones de los ex funcionarios Julio De Vido, José María Olazagasti, Roberto Baratta, Hernán Camilo Gómez y Nelson Lázarte.

El juez Bonadio también decidió procesar al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y a su ex secretario privado Martín Larraburu, quienes admitieron haber recibido dinero de la recaudación aportada desde el Ministerio de Planificación para campañas electorales, aunque dijeron desconocer el origen del mismo.