El
Gobierno aceleró la reglamentación de los Certificados de
Inversión (CEDIN) y aguarda con expectativa el resultado del
blanqueo de capitales, con el objetivo de reducir al mínimo
posible los desajustes notorios que atraviesa al modelo económico.
La operatoria de los CEDIN, uno de los instrumentos que se
puede elegir para el blanqueo de divisas, larga el primero de
julio, pero el gobierno se dispone a lanzar una fortísima campaña
explicativa sobre su utilización mientras opera sobre los
principales grupos empresarios para que traigan dólares que
supuestamente tienen en el exterior.
Ambas operaciones tienen final abierto, y su resultado marcará
a fuego el escenario preelectoral en unas legislativas en las
cuales la presidenta Cristina Fernández se juega el tenor que
tendrán sus últimos dos años de gobierno.
El cristinismo necesita mostrar una economía en recuperación
para cuando lleguen las elecciones del 27 de octubre, porque si no
retiene la "mayoría automática" que posee en el Congreso, el
último período de gobierno se puede convertir en un calvario para
la jefa de Estado.
Con el fin de garantizar la mayor agilidad posible de los
CEDIN, el gobierno llegó a un acuerdo con los bancos para que
cualquier persona pueda realizar la operatoria en forma gratuita,
sea cliente o no.
Las autoridades económicas consideran que los certificados
pueden ser una de las claves para empezar a recuperar la actividad
inmobiliaria, que fue una de las más dinámicas -junto con la
automotriz- desde el 2003, y ahora la que está más resentida, a
tal punto que hay más de 130 mil obreros de la construcción
suspendidos.
Buena parte de esa mano de obra fue a parar al mercado
informal, porque mucha gente está destinando sus pesos a realizar
refacciones en sus propiedades -además de comprar autos-, para que
no se les deprecien por la inflación, explica el economista Dante
Sica, titular de la consultora Abeceb.com.
De alguna forma, las constructoras y las inmobiliarias le
encienden velas al CEDIN, ya que el principal objetivo es que su
uso para el blanqueo de divisas no declaradas se aplique
rápidamente a inversiones inmobiliarias de todo tipo, incluidos
campos, fideicomisos u otros emprendimientos vinculados con la
construcción.
También se apuesta a la conformación de un mercado secundario
de estos certificados, que permitan su pase de mano en mano, como
si fueran cheques pero con endosos ilimitados.
El interesado en declarar moneda extranjera en negro por esta
vía deberá acercarse a cualquier banco para suscribir un CEDIN,
con documentación que acredite su identidad según la normativa
vigente.
A cambio, deberá entregar sus dólares -u otras divisas- y
llenar una declaración jurada, y recibirá por sus dólares uno o
más CEDIN por el importe total.
Una vez suscripto, podrá utilizarlo para cualquier tipo de
operación, incluidos compra de paquetes turísticos, automóviles o
electrodomésticos, como si fuera una cuasimoneda de curso legal.
También venderlo en pesos a un tercero a un precio pactado
entre las partes a un tipo de cambio no regulado, que seguramente
se acercará al dólar paralelo.
Pero la única forma de recobrar los dólares de comprar lo que
sea con el CEDINserá aplicarlos a una inversión inmobiliaria.
Y ahí radicaría el éxito o no de este mecanismo como
herramienta para reactivar la construcción, ya que por ahora el
plan Procrear, que este año incluirá unos 85 mil créditos para
construir viviendas, no alcanza para la reactivación del sector.
Lo curioso de todo este nuevo sistema es que el BCRA quedó
autorizado a emitir una nueva moneda, el CEDIN.
De alguna manera, con este esquema se oficializa un proyecto
impulsado en su momento por el viceministro de Economía, Axel
Kicillof, que es el desdoblamiento del mercado de cambios y,
también, una devaluación parcial del peso.
Es que si bien el valor del dólar hace tiempo que es más alto a
través de las transacciones con bonos o con el dólar blue, el
CEDIN es un instrumento oficial de pago por donde, además, el
Gobierno espera canalizar parte de las operaciones realizadas a
través del mercado paralelo.
En el sistema financiero se especula, además, con que quienes
disponen de pesos declarados, podría terminar utilizando el certificado
para tener acceso a un medio de pago en dólares o directamente a
los dólares-billete, hoy prohibido.
Con esa lógica, los poseedores de pesos hasta podrían aceptar
pagar por el CEDIN un precio superior al del propio blue.
El mismo caso, pero a una escala mayor, podría ocurrir con una
empresa dispuesta a vender su mercadería a cambio de Cedin y
hacerse legalmente de dólares.
Pero finalmente, la comprobación de si este esquema será
exitoso o no la determinará el volumen de dólares que ingresen al
generoso blanqueo de capitales lanzado por el gobierno.
El piso previsto por los funcionarios ronda los 4.000 millones
de dólares.
Consideran que de ahí para arriba será "todo ganancia" para el
nuevo sistema.
Si se queda lejos de esa expectativa habrá que barajar y dar de
nuevo, y en un año electoral el tiempo no corre, "vuela".