El ministro de Agricultura, Luis Basterra, admitió ayer que no estaba al tanto de la intención del Gobierno de expropiar a la empresa Vicentin, pero sí del "camino estratégico" para "rescatarla".
"Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado Nacional sea actor partícipe. En esa parte, estuvimos involucrados, la conversamos, la conveniencia, la oportunidad, me buscaron, transmití. El instrumento y la oportunidad, no", indicó el funcionario.
Según Basterra, "no podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida. Estamos hablando de que (el ex ministro de Hacienda Alfonso) Prat Gay nos estaba por llevar puesta a la empresa".
En consecuencia, el ministro justificó que no se haya enterado previamente de la expropiación: "¿para qué? déjenme un poco de paz también. Dejen que alguien se haga cargo de lo que corresponde y yo acompaño".
"La verdad que es secundario. Nos tenemos afecto (con el presidente Alberto Fernández). Nosotros estuvimos en la resistencia al macrismo de todo el tiempo, confianza no falta y hay toda una historia que nos pone dentro de un espacio", enfatizó el titular de Agricultura, en declaraciones radiales.
TRATAMIENTO
EXPRESS EN EL SENADO
El bloque oficialista en la Cámara de Senadores planea tratar "enseguida" el proyecto de ley de expropiación de la cerealera agroexportadora Vicentin, que el Gobierno Nacional intervino la semana pasada en medio de una crisis financiera y un concurso de acreedores.
"Si el Gobierno envía el proyecto de la expropiación lo vamos a tratar enseguida", aseguró este lunes el jefe de bancada oficialista en la Cámara Alta, José Mayans, en una entrevista con La Nación.
Aunque no dio marcha atrás con la decisión, el presidente Alberto Fernández comentó el domingo que si surge una propuesta superadora a la expropiación la tendrá en cuenta.
Tras anunciar la expropiación, se produjeron algunas manifestaciones en el norte santafesino así como renuncias en el gabinete del gobernador Omar Perotti, quien estaba a favor de la intervención pero no de la expropiación. Además, aparecieron diversas críticas de los expertos en materia judicial debido a que consideraron un "atropello" que el Estado intervenga en un concurso de acreedores que está a cargo de un juez.