A pesar de la crisis económica y la incertidumbre que se genera en torno al inicio o continuidad de proyectos de infraestructura o de qué manera los cambios en los ministerios del gobierno nacional afectan las políticas públicas de cada una de sus áreas, la vida debe continuar en la Argentina. Las familias, las empresas, las instituciones y los gobiernos tiene sus propias agendas que, tormentas al margen, están ahí con un listado de tareas. 

Rafaela espera que de una vez por todas se concreten las obras públicas estratégicas que eliminarán barreras al crecimiento. La construcción de un nuevo acueducto y un gasoducto, junto a la reconversión de la Ruta 34 en autopista constituyen tres proyectos clave que se reclaman y gestionan desde hace años. 

En relación al acueducto, después de una larga década la ejecución de la iniciativa está a punto de comenzar aunque el aumento del agua potable disponible para la ciudad no se concretará hasta el 2021 considerando que el plazo de la obra demandará al menos 24 meses. Con respecto a la Ruta 34, su reconversión comenzó hace años con en enorme movimiento de suelos en determinados tramos y la pavimentación de decenas de kilómetros pero en un bueno momento la actividad se paralizó y ahora nadie tiene certezas sobre qué sucederá en el futuro. 

Con respecto a la construcción del Gasoducto Región Centro II, está en pleno desarrollo con la colocación de caños en las áreas rurales. Si no hay sorpresas, a mediados del 2019 todo estará listo aunque quedará por hacer la ampliación de las redes domiciliarias e industriales en los sectores urbanos de las distintas ciudades beneficiadas, como Rafaela y Sunchales. 

Según datos oficiales, en esta ciudad el 45 por ciento de la población cuenta con el servicio de gas natural. La expansión se estancó en 2011 cuando la empresa a cargo de la concesión, Litoral Gas, frenó la habilitación de nuevos clientes debido a que el gasoducto trabajaba al máximo de su capacidad de transporte. 

Desde esa años, las autoridades municipales advierten que la falta de oferta de agua potable y gas natural se transforman en una barrera al crecimiento y desarrollo de Rafaela. ¿Qué empresa decidirá radicarse en una ciudad que no tiene energía para producir? fue una de las preguntas que surgieron para marcar estas limitantes al progreso. 

La operadora de la red de gas natural de la región, Litoral Gas, cuenta en Rafaela con un total de 16.510 clientes, de los cuales 15.333 son casas de familias, 1.152 pequeños comercios que consumen hasta 800 m3 mensuales, 3 estaciones de servicio GNC y 22 grandes clientes. La misma concesionaria del servicio posee en Sunchales con un total de 4.382 clientes, de los cuales 4.039 son residenciales (viviendas familiares), 341 pequeños comercios y 2 grandes clientes.

Ahora con el denominado "Gasoducto Regional Centro II" aumentará el suministro de gas a distintas localidades santafesinas, lo que permitirá sumar 34 mil usuarios al servicio. Si bien la ejecución de la obra avanza en la actualidad por las áreas rurales y la periferia de los centros urbanos, resta una enorme tarea que es la ampliación de las redes para llevar el servicio a las viviendas y las industrias que hoy no cuentan con esta energía más barata y cómoda. 

En este sentido, se destaca el anuncio del Municipio rafaelino de que ya han sido elaborados los proyectos técnicos para expandir las redes en los barrios. El proceso continuará con la presentación de esas propuestas a las vecinales y luego definir un tema elemental: el financiamiento. ¿Cuánto cuesta llevar las redes a los hogares? ¿Quién financiará esta obra en tiempos de crisis económica donde las tasas de interés son casi usurarias? 

Por eso se entiende que en la reunión del intendente rafaelino, Luis Castellano, con autoridades de Litoral Gas todos hayan mostrado un moderado entusiasmo porque se advierten avances en los proyectos técnicos, pero todos admiten la gran dificultad que será cotizar primero y financiar después un proyecto de este tipo en tanto y en cuento la economía continúe sin recuperarse. 

Los frentistas no solo deberán pagar por la obra que pasará frente a sus viviendas sino que en muchos casos también deberán efectuar las conexiones internas, lo cual los obligará a desembolsar miles de pesos más en momentos en que las familias también recortan gastos obligadas por la coyuntura adversa. Así las cosas, bienvenidos los avances en la construcción del nuevo gasoducto y el diálogo entre el Municipio y la empresa concesionaria, pero a esta altura nadie se atreve a definir plazos y metas para iniciar la ampliación de las redes domiciliarias e industrial.