El debate sin fin sobre la aplicación de fitosanitarios en áreas periurbanas tendrá un nuevo capítulo este martes en Rafaela cuando se desarrolle una audiencia pública convocada por la Justicia civil en el marco de una medida cautelar impulsada por entidades ambientalistas contra la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal en diciembre de 2021, que redujo el límite agronómico y autorizó la utilización de productos biológicos. 
El Concejo rafaelino aprobó en diciembre la ordenanza N° 5.331 cuyo artículo 4° fue cuestionado por los ambientalistas ante la Justicia. Básicamente, establece una reducción a 50 metros del límite urbano la zona en la que está prohibido utilizar agroquímicos y permite usar solo productos biológicos en los 150 metros siguientes. Amparados en la la Ley Provincial 10.000, que permite a la ciudadanía recurrir a la Justicia ante decisiones de las autoridades que afecten derechos colectivos, en agosto pasado, las organizaciones y vecinos denunciaron que el artículo 4º es regresivo porque implica un retroceso en la protección de la salud y el ambiente.
Al momento de su aprobación, la norma había sido elogiada a nivel nacional por la dirigencia agropecuaria e incluso fue abordada por los principales medios de comunicación del país. En el juicio, organizaciones ambientalistas y vecinos piden que se anule el artículo 4º de la nueva ordenanza de fumigaciones. A raíz de la demanda, ese artículo se encuentra suspendido por una medida cautelar.
En este escenario, el juez en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación, Matías Colón, convocó a una audiencia pública para este martes citó al intendente, Luis Castellano, a la secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso, a los concejales y funcionarios del INTA y de SENASA entre otros para responder a un cuestionario. "Hágase saber que quienes participen de la precitada audiencia deberán evacuar las preguntas sin extralimitarse de la cuestión requerida y debatida. Por consiguiente, debe dejarse establecido que el juez que presida la audiencia podrá interrogar libremente a quienes participen sin que ello implique prejuzgamiento", sostiene el edicto publicado por el Juzgado en el marco del expediente ADAPA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA S/Ley 10.000. 
"El objeto de la audiencia, que se desarrollará en el segundo piso de los Tribunales de calle Alvear 114, será informativa para requerir explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito y versará sobre la pretensión de la nulidad del art. 4 de la ordenanza 5.331", agrega el edicto. 
La discusión en torno a productos fitosanitarios no está cerrada a nivel provincial. Y en Rafaela ahora los ambientalistas y los productores agropecuarios buscarán hoy durante la audiencia pública fundamentar sus posturas. Los primeros en cuestionar la ordenanza y los segundos en defender el artículo 4° con informes técnicos que han reunido en los últimos meses. 
La Sociedad Rural de Rafaela se ha constituido como la entidad representativa de los derechos de los productores periurbanos de la ciudad, que son alrededor de 30. En este marco, la centenaria institución consideró la semana pasada que resulta "necesario fortalecer el análisis de la situación con información veraz, comprobada y de calidad que llegue a todos los ciudadanos de buena fe". "El cuidado de los cultivos para que puedan convertirse en productos saludables es uno de los aspectos que más ha evolucionado y que ha incorporado significativamente todo el ecosistema agropecuario", sostuvo.
Para la Rural, en Rafaela se cumplen "todas las medidas de control exigidas y se respetan los estándares de fiscalización de los organismos oficiales para la aplicación de fitosanitarios". "Particularmente en la zona periurbana de Rafaela para la protección de los cultivos se trabaja con presentación de recetas agronómicas avaladas por un profesional matriculado y la presentación previa de ésta en el ámbito municipal que aprueba y también fiscaliza las aplicaciones. Los productos utilizados son los estrictamente aprobados por el SENASA, organismo oficial que lo regula", afirmó la entidad que preside Norma Bessone. 
"En Rafaela no existen a la fecha denuncias oficiales de casos de toxicidad comprobada ni en humanos ni en animales, un dato no menor que apunta a brindar claridad y tranquilidad", subrayó la Rural.