Por Lic. Matías Fontanetto
Nuestro país enfrenta una delicada situación económica, las políticas fiscales expansivas para paliar los efectos negativos de la cuarentena son financiadas exclusivamente emitiendo moneda, ya que no se dispone de crédito interno ni externo para financiar el enorme déficit fiscal. Antes de la pandemia, la economía arrastraba problemas estructurales, casi 10 años de estanflación, devaluaciones recurrentes que deterioraron la moneda nacional y una alta presión fiscal. Estas condiciones previas a la cuarentena condicionan la futura recuperación económica.
A lo mencionado, se le agrega que nuestro país está inmerso en un proceso de reestructuración de la deuda signada de enredos, idas y vueltas, al fiel estilo del tango criollo. La deuda total alcanza los USD 323 mil millones, componiéndose de la siguiente manera: USD 130 mil millones corresponden a obligaciones con otras áreas del sector público (ANSES, BCRA, Banco Nación), que si bien en algún momento debería buscarse mayor prolijidad puede renovarse con acuerdos de la política interna; donde la deuda relevante asciende a alrededor de USD 193 billones, dividiéndose en dos grupos, los organismos internacionales por USD 70 mil millones (el FMI representa el 63%) y bonos por USD 123 mil millones.
Este último bloque se subdivide a su vez en tres: bonos en pesos (legislación local) por el equivalente a USD 30 mil millones, bonos en dólares (legislación local) por USD 25 mil millones y finalmente los USD 68 mil millones bajo legislación Nueva York. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda de bonos en dólares bajo legislación nacional con las mismas condiciones que se le está ofreciendo a los bonos bajo ley Nueva York; quedando pendiente la negociación con el FMI. Esta última semana el Gobierno solicitó formalmente al organismo, a través de una carta del ministro de Economía, Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, abrir negociaciones para lograr un nuevo acuerdo crediticio.
La única deuda que el actual gobierno decidió no reestructurar es un stock de ARS 2,5 trillones de bonos en pesos (equivalentes USD 30 mil millones), cuyos vencimientos se concentran mayormente entre 2020 y 2021 y está en “rolloving”, es decir canje voluntario por nuevos bonos más largos, de manera de no presionar aun más la emisión monetaria que financia el creciente déficit fiscal.
Con respecto a la deuda en bonos, pareciera que lo propuesto responde más objetivos políticos que a la solvencia intertemporal de la deuda, ya que el monto a pagar durante el período 2020-25 es muy pequeño, incrementándose notoriamente en el período 2025-35, comprometiendo a los futuros gobiernos. El 85% (USD 25,7 mil millones) del ahorro total logrado (USD 30 mil millones) se concentra en los años 2020-25.
Este perfil de vencimientos futuros promedio de USD 8 mil millones por año en el período 2025-35 complica la negociación futura con el FMI, no deja demasiado espacio para reprogramar pagos durante ese período a los organismos internacionales, requiriendo de prudencia fiscal futura si se quiere cumplir al mismo tiempo con bonistas y organismos de crédito. Si por ejemplo se supone un acuerdo que implicara pagos durante el período 2022-31 por USD 5 mil millones, se necesitaría obtener un superávit del 3% del PBI para afrontar todos los compromisos.
Este año el agujero fiscal sería del 10% del PBI, explicado por las políticas expansivas de gasto para aliviar las consecuencias de la cuarentena y la caída de la recaudación producto de la recesión. Suponiendo que en el 2021 se eliminasen todas estas políticas de asistencias excepcionales y con una recaudación recuperando terreno al compás del repunte de la actividad productiva, se finalizaría el año próximo con un déficit fiscal del 2,5%, debiendo generar en el 2022 un ajuste fiscal del 5,5% del PBI para poder pagar la deuda futura.
Un futuro acuerdo con el FMI supondría establecer un programa económico de largo plazo con metas fiscales, monetarias, cambiarias e inflacionarias, de manera de asegurar la capacidad de pago futura del país. No se cuenta con margen para subir impuestos en un contexto de presión fiscal record, tampoco se puede financiar prolongadamente el déficit fiscal con emisión monetaria sin repercutir sobre la inflación, devaluación y brechas cambiarias.
Por tanto, más allá del acuerdo alcanzado con los bonistas cuyo porcentaje de adhesión se conocerá esta semana, los desafíos en los años por venir continúan siendo difíciles de superar.