Mientras ya suman 450.000 las demandas judiciales de jubilados, sigue creciendo también el número de sentencias que no quedan firmes para ser pagadas a sus beneficiarios porque son apeladas por el Estado, informó Ismael Bermúdez de Clarín.
Durante el año pasado ingresaron a la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social 32.978 sentencias, una cifra récord . Es casi un 32% más que las 25.044 apeladas en 2009, de acuerdo a las cifras difundidas por la Justicia.
“En un importante número de casos, el que apela es el propio Estado a través de la ANSES ”, le dijo la jueza Lilia Maffei de Borghi, titular de la Cámara e integrante de la Sala I, al Centro de Información Judicial.
El dato es más relevante aún porque las apelaciones deberían haber decrecido ya que, a partir de varias denuncias, el Gobierno se comprometió ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a no apelar los fallos favorables a los jubilados que fueran similares a los casos Badaro, Elliff, Gemelli y otros sobre los cuales la Corte Suprema ya se pronunció.
Sin embargo, “esto no se está cumpliendo o sólo parcialmente”, dijo el abogado previsionalista Horacio González, uno de los que patrocinaron esos reclamos ante la CIDH de la OEA. Y añadió que junto al CELS y otros organismos y abogados, el Gobierno volvió a ser denunciado el año pasado ante la Comisión interamericana por esos incumplimientos.