Con el incontenible afán de tener todo bajo su control, tanto lo que directamente es responsabilidad del Estado como así también lo que es excluyente del sector privado, ya que esa es una de las maneras más sencillas de imponer un accionar hegemónico, en uno de los tantos frentes que el gobierno también avanza es el de los alquileres rurales, aunque en su irrefrenable aspiración, y de acuerdo con la visión de algunos especialistas, en lugar de facilitar y allanar dificultades, las está generando. En tal sentido, Carolina Bondolich, quien es directora de investigaciones de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, expuso su punto de vista sobre el tema en el suplemento Rural del diario Clarín, lo cual constituye por cierto una muy interesante reflexión, tanto como para reproducir en algunos de sus contenidos como para dar pie a ciertas reflexiones.

Es que, cabe recordarlo, dentro de esta avanzada sobre el campo, existen varios proyectos de ley con la intención de regular el mercado de los arrendamientos rurales, los cuales -según la investigadora- no sólo limitan el derecho de propiedad sino que además burocratizan la relación contractual, siendo además muy factible que entorpezcan una relación jurídica que fue a través del tiempo fundamental para el crecimiento logrado por el sector agropecuario.

Se recuerda que en el país los alquileres rurales vienen haciéndose con una libertad contractual muy importante  en el marco de la ley 13.246 y sus modificatorias 21.452 y 22.298, junto a una serie de usos y costumbres que fueron afianzándose con el paso del tiempo, al punto que esta posibilidad de acceder al uso de la tierra fue desarrollando un mercado de oferta y demanda con resultados que se encuentran a la vista. Sin olvidar que todo este proceso estuvo muy estrechamente vinculado a la modernización y ampliación de la productividad del sector que comenzó sostenidamente desde la década de los años ´90 en adelante.

Otro aspecto que se destaca en el análisis es que el funcionamiento del mercado de alquileres de campos funciona de manera muy fluida, cualquiera sea la metodología utilizada, ya que el nivel de conflictividad judicial es prácticamente nulo, debido al alto grado de cumplimiento entre las partes. Entonces, para qué modificar lo que funciona bien como la ley 13.246, y además con proyectos que no se ajustan a las leyes contractuales del momento ni tampoco a las formas de explotación habituales, que está a la vista necesitan cada vez de mayor libertad de contratación, y no de intervención.

Algunas medidas que se intentan instrumentar y que aparecen en los proyectos aludidos, apuntan a "restringir la superficie que se puede alquilar, la extensión de los plazos contractuales, la limitación del contrato accidental con fines productivos y la introducción de contratos promovidos y gravámenes apuntan precisamente a este objetivo erróneo", todo lo cual podría ser reemplazado con leyes impositivas específicas como así también de incentivo, en lugar de substituir una ley que hasta ahora funciona adecuadamente y con cero conflictividad jurídica.

La afectación del derecho de propiedad es también algo muy preocupante, en especial en cuanto a la libertad de contratación, con el claro objetivo de manipular el acceso a la tierra, todo lo cual seguramente desembocará en planteos de inconstitucionalidad. Un avance que puede considerarse temerario.

Sostiene la autora, en un claro posicionamiento contrario al intento regulador de parte del Estado en los alquileres rurales, que "los contratos privados de arrendamientos, así como la ley que los rige, no deben contemplar temas ajenos a su principal objetivo, que es regular las relaciones entre arrendador y arrendatario".

En alusión al uso del suelo, del agua y al cuidado del medio ambiente, como así también a la fertilidad natural y la agregada, las técnicas de producción, rotación de cultivos y tipos de explotación agropecuaria, deberían ser considerados dentro de una política global de conservación, que se extienda a toda la geografía nacional.

Lo que se reclama es que cualquier modificación o reemplazo de la actual ley 13.246 se haga con el necesario debate y el tiempo suficiente, ya que de la misma depende gran parte del sistema productivo nacional.