Con la brusca devaluación registrada en los últimos meses y su impacto directo en los precios de los bienes y servicios, la economía argentina aún se encuentra en un proceso de reacomodamiento donde "las cosas siguen aumentando", desde los combustibles, con el efecto cascada que eso implica en el resto de la economía, hasta las tarifas de gas. En este contexto, los valores de los alimentos y bebidas, indumentaria y medicamentos imprescindibles para cubrir las necesidades básicas de una familia no han detenido su espiral alcista. Y entre otros tantos conceptos que han sentido de lleno la inflación son los alquileres. 

Propietarios o inmobiliarias iniciaron negociaciones para reajustar los importes ante el nuevo escenario post devaluatorio. Y en algunos casos, cuando la relación con los inquilinos es buena porque cuidan el inmueble o son cumplidores, se negocia mantener los precios con tal de seguir cobrando, cada uno atiende su juego y se acomoda lo mejor posible para sostener la mochila de la recesión. 

El problema se da cuando los inquilinos no pueden pagar el mismo alquiler o el aumento del mismo, ya sea porque han perdido poder adquisitivo de su salario o porque alguno de sus integrantes perdió ingresos o incluso un trabajo. Esta es una realidad que está en aumento en todo el país aunque claro no es fácil dimensionar la crisis. De todos modos, ya se observan algunos indicadores: un 35,87% de los inquilinos porteños tiene dificultad para afrontar el pago del alquiler y las expensas, por lo cual muchos de ellos se ven obligados a rescindir el contrato, de acuerdo con un informe difundido por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

El dato se elaboró sobre las últimas 250 consultas recibidas en ese organismo, que arrojaron un notable crecimiento de esta situación en los últimos meses. Mientras que en marzo de este año este tipo de consultas representaba el 21% del total, hoy esa cifra ya asciende al 35,87%: una de las expresiones de este panorama es la rescisión anticipada de contratos. El 19,65% de los inquilinos que se acercaron a la Defensoría están rescindiendo porque ya no pueden pagar, advirtió el organismo a la vez que indicó que actualmente destinan más de la mitad de sus ingresos en el alquiler.

Según el informe, el 11,11% de los inquilinos que se acercan con esta problemática consultan si es legal o no que les aumenten el alquiler y las expensas, con la expectativa de que exista alguna legislación que los ampare. El 3,41% se acerca con el contrato vencido o a punto de vencerse y un 1,7% de los casos tiene que ver con inquilinos que se han atrasado en el pago del alquiler.

Además, el relevamiento arrojó que el 23,07% del total de las consultas están vinculadas con el mal estado de los inmuebles alquilados: humedad y filtraciones, deficiencias en las instalaciones de luz y gas, entre otros. Otro 11,11% se acercó porque no le devuelven el depósito al finalizar el contrato y el 6,83% porque tiene problemas con el intermediario (cobro indebido de comisión o pedidos de informes, publicidad engañosa, falta de devolución de una seña).

Por último, de acuerdo al informe de la Defensoría existe una situación que no se modifica a lo largo del tiempo: la falta de entrega de facturas formales al momento de pagar el alquiler. 

Tampoco se cumple la resolución que obliga a las inmobiliarias a recibir pagos electrónicos, ya que solo el 8% de los inquilinos tiene la posibilidad de pagar con esa modalidad; el resto debe presentarse todos los meses con el dinero en efectivo en la inmobiliaria o en el domicilio que establezca el propietario.

Más allá de las distancias, se trata de situaciones que se replican en distintas ciudades. En Rafaela, según el Relevamiento Socioeconómico de 2017 -el de este año se presentaría durante este mes de octubre-, el régimen de tenencia de la vivienda señala el 66 % es propietario del lugar en el que viven aunque el 12% de ellos adeuda parcial o totalmente ese inmueble. En tanto, el 21,7% es inquilino y el 7,2% es un ocupante gratuito, por ejemplo el que vive en una casa prestada por algún familiar. 

A partir de esta estructura de la propiedad de la vivienda, en Rafaela no es extraño que también muchas familias puedan padecer el mismo problema que muchos porteños. Inclusive desde la Municipalidad local han admitido el aumento de las consultas al respecto. 

Sin ser propietario, no poder pagar el alquiler implica buscar un lugar más pequeño con menor grado de confortabilidad pero que se pueda pagar para vivir, o apelar a la generosidad de un familiar por un tiempo hasta que las cosas "se acomoden". Y cuando no existen las dos opciones anteriores, entonces todo se vuelve más oscuro.