Los alimentos y la presión impositiva tienen una relación muy estrecha, ya que en promedio el fisco se queda con un 40% del valor que los alimentos tienen en la góndola, impactando de tal manera muy fuerte en el presupuesto familiar, en especial en aquellas familias donde la alimentación se lleva la mayor parte de sus ingresos.
La carga tributaria en nuestro país no sólo es una de las mayores de la región latinoamericana sino que también está a la par de algunos de los países más desarrollados, viniendo creciendo sostenidamente desde hace unos 20 años, aunque en estos 3 últimos años se ha observado un quiebre de esa tendencia, que todavía no es muy importante pero que significa un cambio de tendencia, que bien podría afianzarse durante el presente año, ya que algunos impuestos nacionales como ganancias, cheque y derechos de exportación irán en descenso y también prometen hacerlo algunos imposiciones provinciales, acorde a la implementación de la reforma tributaria y el consenso fiscal, que fueron recientemente sancionadas.
Según un trabajo realizado por Nadín Argañaraz, director del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), los impuestos considerados son Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Cheque, Seguridad Social incluyendo contribuciones patronales y aportes personales, Impuestos Internos como el caso de las bebidas, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Provincial a los Ingresos Brutos y el Impuesto Municipal a la actividad económica.
Aplicando la carga impositiva a cada eslabón de la cadena de producción y comercialización de alimentos, en el caso de los que tributan la escala reducida del IVA del 10,5% -contándose frutas, verduras, pan carne, entre otros-, tienen finalmente un costo impositivo del 38,1% al llegar al consumidor, con lo cual tenemos entonces que de cada 100 pesos que se gastan en alimentos 38,10 son destinados al pago de impuestos. En tanto para los productos que tributan el 21% por IVA -arroz, galletas, aceite y otros- el contenido impositivo en su precio asciende al 43,4%, por lo cual en este caso apelando a igual comparación cada 100 pesos que gasta el consumidor 43,40 van al Estado por impuestos.
Del total de imposiciones que tienen los alimentos los que mayor impacto tienen son el IVA, Seguridad Social y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, ya que entre los tres suman el 77% del total de la carga tributaria.
Si se compara la situación actual con la de 2015 -cuando aún estaba el gobierno de Cristina Kirchner-, se advierte una pequeña mejoría que debe atribuirse a la baja en algunas imposiciones nacionales, como la eliminación de sobretasa a la distribución de utilidades y los cambios en cheques y ganancias, aunque en buena parte esas rebajas fueron compensadas por subas en impuestos provinciales y municipales a la actividad económica.
Si elevada es la carga sobre los alimentos, sobre las bebidas gaseosas es todavía mayor, pues el 49,5% de su precio son impuestos, llevándose el fisco prácticamente la mitad, quedando el resto para el fabricante, el distribuidor y el comercializador. En 2015 la carga sobre estos mismo productos era ligeramente más abultada, del 49,9%, y tal como ocurrió con los alimentos, también las gaseosas hubo baja de parte de la nación pero las provincias aumentaron sus imposiciones.
Para tener una mayor perspectiva de análisis resultado interesante comparar la carga tributaria de nuestro país con otros de la región. Partiendo del 49,5% de la Argentina, tenemos que en Uruguay asciende a 43%, Chile 40,4%, Perú 39,9%, México 37,9% y Paraguay el más bajo con 28,5%. Algo que debe dejarse bien claro respecto a estos porcentuales, donde nuestro país encabeza la nómina de los de mayor presión impositiva, es que con impuestos nacionales todos se encuentran en un nivel bastante similar, pero donde se advierte el desbalance es con las imposiciones provinciales y municipales, mucho más fuertes aquí que en el resto de países citados.
Hoy se está frente a un gran desafío, pues aquí debería darse durante el transcurso del presente año una rebaja que vaya emparejando la situación con el resto de países de la región, dependiendo todo de la regulación del gasto público y por lo tanto una menor exigencia tributaria.