"El Gobierno nacional determinó, por decreto, que todos los organismos del sector público nacional deberán contratar con Aerolíneas Argentinas cuando necesiten trasladar por vía aérea a sus funcionarios, empleados y asesores. Se incluyen tanto destinos domésticos como al exterior. Como consecuencia de esta disposición, las reparticiones públicas no van a tener la posibilidad de contratar a la empresa aérea que les ofrezca los precios más bajos y los mejores servicios (por ejemplo, optar por los horarios que permiten un mejor aprovechamiento del tiempo). La justificación es contribuir a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado", sostiene en su informe semanal el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
El trabajo considera que "en la práctica, implica generar a favor de Aerolíneas Argentinas una clientela cautiva. Esto naturalmente se asocia a la necesidad de paliar la situación deficitaria de la compañía. Un rasgo que caracteriza la gestión de la empresa desde su estatización es la falta de transparencia. Aún con esta importante limitación, en base a información publicada por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), elaborada con datos oficiales del Ministerio de Economía, se pueden aproximar los subsidios que el Tesoro nacional viene transfiriendo a Aerolíneas Argentinas". En este sentido, enumera:
· En el año 2011 la compañía recibió $ 3.455 millones.
· En el primer cuatrimestre del año 2012 los subsidios alcanzaron a $ 1.072 millones.
· Proyectando para todo el año 2012 es altamente probable que superen los $ 3.200 millones, es decir, un valor parecido al del año pasado.
"Que una empresa del tamaño de Aerolíneas llegue a semejante desequilibrio sólo se puede explicar por graves deficiencias en la gestión. Esto hace visible un cuestionable derroche de fondos públicos y desnuda contradicciones y arbitrariedades en la asignación de prioridades", concluye Idesa en el documento.
Asimismo, puntualiza que "a la Provincia de Buenos Aires se le retaceó asistencia limitándola, según el Ministerio de Economía, a $ 1.500 millones de transferencias no reintegrables (más un préstamo de la ANSES por $ 600 millones) con el sano argumento de que no es recomendable convalidar la mala administración. Pero a una empresa pública con pésima gestión y una relevancia insignificante, respecto a la Provincia de Buenos Aires, se le transfiere el doble".
Por último, indica que "el gobierno de Uruguay, frente a un desafío parecido, no estuvo dispuesto a asignar subsidios explícitos desde el presupuesto público a la aerolínea Pluna. Tampoco que recibiera subsidios disfrazados a cargo de otros organismos del Estado (fundamentalmente la empresa petrolera estatal que le proveía de combustible). Por ello, cuando entró en crisis de gestión pusieron a la venta los aviones y las rutas y subordinó los legítimos intereses de los empleados de Pluna al interés general".