BUENOS AIRES, 3 (NA). - La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados repasó ayer cada una de las acusaciones que fundan los pedidos de enjuiciamiento a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en lo que fue la antesala de la reunión clave que se llevará a cabo el jueves que viene para declarar la admisibilidad de la investigación, instancia previa a la apertura del sumario para la producción de la prueba contra los magistrados.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, adelantó al término de la reunión que pese a que las acusaciones son diferentes y no todas involucran a los mismos integrantes del máximo tribunal, la declaración de admisibilidad se realizará mediante una única votación por mayoría simple.
Este método motivó el rechazo enérgico del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien reclamó una modalidad de votación que permita deslindar las distintas acusaciones, teniendo en cuenta que el espacio que lidera Elisa Carrió tiene la decisión de votar a favor de la admisibilidad del pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, pero no el resto de las acusaciones contra el tribunal.
"Una vez declarada la admisibilidad y la investigación y producción de prueba vamos a tener los dictámenes y ahí la Coalición Cívica tendrá la oportunidad de dictaminar contra Lorenzetti", respondió Gaillard respecto de la controversia que se avecina.
Por su parte, en la misma conferencia de prensa que tuvo lugar en una sala contigua al auditorio donde se llevó a cabo la reunión de comisión, la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, afirmó que están dadas las condiciones de la admisibilidad pero hay que hacer un informe sustancioso y fundado".
En este segundo capítulo del procedimiento de juicio político, los protagonistas fueron los impulsores de los proyectos de ley presentados con el objetivo de desplazar a los magistrados e inhabilitarlos de por vida a ejercer cargos públicos.
Y cuestionó a Lorenzetti por "sospechosos sorteos de causas" e irregularidades en los procesos de informatización de los tribunales del Poder Judicial.
A su turno, el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, desarrolló las múltiples denuncias del oficialismo contra los jueces por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
A su turno, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés desarrolló las múltiples denuncias del oficialismo contra los jueces por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
En primer lugar, mencionó el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos, en detrimento de las provincias. "Es una misión y función propia del Congreso", aseguró.
Al respecto, señaló que es "inadmisible" que el supremo tribunal haya desestimado el pedido de un grupo de gobernadores oficialistas -a quienes definió como "agentes naturales del Gobierno Federal"- para presentarse como "amicus curiae" del tribunal en esta causa.
En este sentido, puso el foco en la denuncia del oficialismo al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por "tráfico de influencias en beneficio exclusivo de una jurisdicción en perjuicio del resto", a raíz del escándalo por las conversaciones de chat sospechosas que salieron a la luz entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño (ahora en uso de licencia), Marcelo D'Alessandro.
En segundo término, Valdés mencionó la denuncia por mal desempeño a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.
"Quieren decidir cómo se van a integrar los bloques políticos en el Consejo de la Magistratura", denunció, y señaló que a raíz de esta "invasión" de competencias se lo acusa a Rosatti por el delito de abuso de autoridad.
El legislador del Frente de Todos también repasó la denuncia contra la Corte por "declarar inconstitucional" la ley del Consejo de la Magistratura "sancionada 15 años antes" para "resucitar una ley derogada" en 2006 con el único objeto de colocar a Rosatti como titular del órgano encargado de la selección y eventual remoción de jueces.
En este sentido, el oficialismo sumó como causal de juicio político la denuncia al presidente de la Corte por "violar la ley de Ética Pública" y por "prevaricato" por "acomodar las mayorías para presidir" el Consejo de la Magistratura.
En tercer lugar, Valdés indicó que el Frente de Todos denuncia a Rosatti por mal desempeño por el caso "Muiña", el fallo con el que la Corte intentó beneficiar en 2017 con la conmutación de la pena a represores de la última dictadura militar. A raíz de la instantánea y masiva movilización en repudio a aquel "fallo del 2x1" a favor de los genocidas, el tribunal tuvo que volver sobre sus pasos y revocar su decisión.
Otros expositores fueron María Rosa Martínez (diputada nacional del Frente de Todos), Claudio Rocca (Asociación Argentina de Juristas), Federico Méndez (Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales) y los denunciantes particulares Ricardo La Greca, Diego Sánchez, Pablo Llonto y Patricia Isasa.