BUENOS AIRES, 2 (NA). - El fiscal federal Diego Luciani denunció ayer la existencia de una "asociación ilícita institucional" encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
"Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país", enfatizó.
Luciani aclaró que "lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada".
Aunque el juicio tiene 13 imputados, a menudo el fiscal le habló directamente a la Vicepresidenta, incluso en sus momentos de mayor vehemencia durante el alegato.
La etapa inicial de esta instancia del proceso judicial, que Luciani compartió con el fiscal adjunto Sergio Mola, consiguió el efecto de impacto por la dureza de la acusación y el aporte de una prueba que sorprendió a los abogados de las defensas: la extracción de unos 26.000 mensajes del teléfono del ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López.
Al condenado ex funcionario nacional, Luciani todo el tiempo lo relacionó con el "episodio de los bolsos".
El fiscal invocó incluso declaraciones del actual presidente, Alberto Fernández, cuando explicó su salida de la jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina.
En ese sentido, recordó que una de las razones de Fernández fue "por lo que está pasando en la obra pública".
En su primera jornada de alegato, Luciani le respondió directamente a Cristina, quien al declarar en indagatoria había descripto al tribunal como "del lawfare" y tras elucubrar que tenía "la condena escrita", desafió: "No me interesa".
"Si a la Vicepresidenta no le interesa, a este Ministerio Público, que tiene la representación de la sociedad, sí le interesa, y también le interesan los daños inconmensurables que se generaron con la paralización de las obras", le respondió.
Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su "amigo Lázaro Báez" como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.
Sobre Báez, el fiscal hizo hincapié en su condición de empleado bancario y monotributista hasta antes de la asunción de Néstor Kirchner en la presidencia y su exponencial crecimiento empresario en los años posteriores.
Ese crecimiento, dijo Luciani, fue producto de un "pacto espurio" que no sólo consistió en obtener contratos de manera amañada -siempre según el alegato- sino también en el aprovechamiento de situaciones de crisis de empresas competidoras para quedarse con ellas y virtualmente monopolizar la obra pública en Santa Cruz.
Luciani describió esa situación a lo largo de los 12 años y medio de gobierno del kirchnerismo, pero sorprendió con la exhibición de mensajes de texto y de WhatsApp extraídos del teléfono celular secuestrado a López cuando fue detenido, tras el "episodio de los bolsos" en el convento de General Rodríguez, en junio de 2016.
Según interpretó el fiscal, el contenido de esos mensajes muestra la existencia de un plan que denominó "limpiar todo" -pese a que no apareció esa frase textual en las pruebas exhibidas- antes del cambio de Gobierno.
Ello, dijo, incluía abandonar las obras públicas que tenía adjudicadas y que debía completar: "No les interesaba la obra sino extraer dinero del erario. Serían miles y miles de millones de pesos tirados a la basura".
Y sin embargo, a pesar del colosal perjuicio, Lázaro Báez en connivencia con el resto decidieron abandonar las rutas, crear caos y confusión para intentar responsabilizar a la gestión entrante y montarse en esta película de la persecución", sostuvo.
"Ésa fue la meta, el objetivo, sin importarle el enorme daño que estaban generando. Eso trajo aparejado un enorme perjuicio a la provincia de Santa Cruz, en especial con los trabajadores despedidos", argumentó y lo justificó con la exhibición de notas periodísticas que "ilustran el caos que se generó".
El fiscal también advirtió sobre la "ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito".