Finalmente, el Gobierno tendrá su Ordenanza de compra directa aunque tuvo que resignar pretensiones sobre el contenido original y las bancadas de Juntos por el Cambio y la democracia progresista se dieron el gusto de eliminar del texto la palabra “seguridad”, que hacía mucho ruido por su amplitud y podía dar lugar a un uso discrecional de la norma que se aprobará.
En un principio se pensó en cambiar el artículo 48 de la Ordenanza madre de la contabilidad del Municipio (N° 3.090), pero desde Fiscalía se desaconsejó que se “toque” esta norma de fondo debido a que se corría el riesgo de que otras disposiciones contenidas en la misma se vean afectadas y se altere su espíritu.
La necesidad de cambiar el régimen de compras ante situaciones especiales se justifica en momentos como el actual donde el proceso inflacionario quita toda previsibilidad y, entre otros inconvenientes que se presentan, los proveedores no venden productos cuya paga recibirán tiempo más adelante o aplican sobre precios para cubrirse. Por ello, y para evitar los perjuicios económicos, se necesita contratar y comprar con la mayor posible.
De igual manera, estos contratiempos aparecieron con fuerza durante los momentos más aciagos de la pandemia con situaciones de urgencia para atender a las hubo que dar rápida respuesta y la compra directa fue de gran utilidad.
Para que el Ejecutivo pueda valerse de este instrumento, fueron necesarias las sucesivas declaraciones de emergencia sanitaria y en seguridad, aprobadas por el Concejo, las que permitieron echar mano a la “compra directa”. Pero esas declaraciones vencen este 31 de marzo, y para no tener que seguir sancionando emergencias, desde hace mucho tiempo, se busca un mecanismos que sea permanente, aunque haya que renovarlo periódicamente.


AGILIZAR EL PROCESO
Luego del receso de verano del Cuerpo legislativo, la directora de Compras del Municipio, Noelia Chiappero, visitó a los ediles de la ciudad para explicar lo conveniente que resulta contar con este instrumento.
“Frente a las situaciones que atravesamos los últimos años como el brote de dengue, pandemia, situaciones de inseguridad y el contexto socioeconómico, es necesario e indispensable tener herramientas contables que agilicen los procesos de compras y /o contratos para dar respuesta inmediata a las necesidades concretas y urgentes de la ciudadanía”, les comentó la funcionaria en aquella oportunidad a los concejales.
Para ese fin, les solicitó que a la Ordenanza se le realicen “algunas modificaciones ya que está basada en una burocracia que en la actualidad hace lentos los procesos, y teniendo en cuenta el contexto macroeconómico y, a veces, el desabastecimiento de bienes e insumos es que se busca garantizar la optimización del gasto y utilizar con eficiencia los recursos públicos, sin resentir la transparencia de estos procesos”.
Después de ese encuentro los concejales del oficialismo llevaron un par de proyectos más a la consideración de su pares, pero no convencieron porque en todos siempre apareció la palabra “seguridad” como una de las causales para activar la “excepcionabilidad” y todo se mantuvo empantanado.
El lunes último hubo un nuevo intento, y a pesar de que en la redacción del proyecto de Ordenanza se acotó la implicancia del término a “la seguridad pública de personas y/o bienes motivadas en razones urgentes …” siguió no siendo del agrado opositor, pero hubo buena voluntad de ambas partes y se dejó en Comisión para tratar de encontrar un punto de acuerdo y tratarlo y votarlo mañana mismo en la sesión.
La premura tiene que ver con tratar de llevar porque mañana vencerán las emergencias sancionadas por el Concejo y ya no se podrá recurrir a la compra directa en caso de alguna situación que merezca ser atendida de manera perentoria.
La otra cuestión en que no estuvieron de acuerdo Juntos por el Cambio y el PDP es en la extensión de la vigencia para su aplicación porque quiere que los 12 meses que propone el proyecto del Ejecutivo se reduzcan a la mitad


LE DIERON EL GUSTO
Al término de la reunión, Leonardo Viotti, apuntó que “se agregaron puntos que no se habían considerado en un principio, por lo menos de lo que veníamos charlando. Habíamos dicho de no incluir la seguridad, pero lo agregan como propuesta nuevamente en el punto a. También el punto c es nuevo y no lo habíamos tenido en cuenta al principio, El resto está acorde a lo que veníamos charlando y no va a haber inconvenientes. También la proponen que tenga vigencia por 12 meses y lo que habíamos hablado fue de la mitad.
“También queremos que se especifique que las ofertas sean en sobre cerrado para darle la mayor transparencia y los competidores no puedan conocer”, dijo el referente de Juntos.
En la mañana de ayer, un encuentro entre los concejales de todas los bloques permitió destrabar la controversia y se acordó Ordenanza sobre compra directa que mañana verá la luz.
La nueva propuesta del oficialismo establecía en su artículo 1°, la creación de un “Régimen Temporal para la Contratación Directa de Bienes y Servicios, en los términos previstos en el artículo 10° de la Ley Provincial N° 2.756 “Orgánica de Municipalidades”, que tendrá vigencia por un plazo de doce (12) meses desde la sanción de la presente.
Por el segundo artículo, el proyecto autorizaba “al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar contrataciones directas bajo el régimen de excepción creado por la presente” y en su inciso “a”, se determinaba: “cuando se contraten bienes o servicios destinados a preservar la seguridad pública de personas y/o bienes motivados en razones urgentes debidamente justificados por la Secretaría con competencia en la materia y/o posean su causa en situaciones caso fortuito o de fuerza mayor”, y fue rechazado por la oposición.
Tampoco fue aceptado el inciso “c” que enunciaba la posibilidad de la compra directa “cuando existiendo bienes y/o servicios disponibles en el mercado los proveedores justifiquen la imposibilidad de mantener sus ofertas por los plazos que determine la legislación vigente para los procesos licitatorios”.
En el acuerdo también se fijó que la Ordenanza deberá ser renovada cada seis meses y el pedido de que las ofertas lleguen en sobre cerrado, cuestiones que fueron exigidas por la oposición.