De más está decir que la política tiene una mala imagen. Uno podría ser obtuso y quedarse con que esto solamente ocurre en nuestro país. Pero, en realidad, es mucho más generalizado.

El mayor de los inconvenientes es que para conseguir los votos deben realizar muchas más promesas de las que pueden cumplir, con objetivos irrealizables y sin plan alguno. Son solamente slogans que no plantean más que una frase que podría aparecer en cualquier libro de autoayuda. Esto no distingue a partido político alguno. Puede abarcar a los “libertarios” que proponen -casi como si fueran anarquistas- la desaparición del Estado en la intervención del mercado como solución definitiva a los problemas argentinos, Cambiemos con su “pobreza cero” en 4 años, “la revolución de la Patria Grande” pretendida desde el kirchnerismo o la estatización de todos los medios privados para llegar a la utopía socialista.

Pero, en nuestro país, hay algo más que resolver: cómo se consiguen los fondos para llevar adelante las costosas campañas políticas. Y motivos hay de sobra. El periodista Hugo Alconada Mon cómo se construye el financiamiento de una campaña electoral: "con el comienzo de la campaña empieza la recaudación. En términos generales, Massa, Macri y Scioli en 2015 dijeron que gastaron entre 200 y 250 millones de pesos, pero los allegados dicen que la cifra trepa, al menos, a 1000 millones de pesos", contó el periodista. Es decir: el monto real es 4 veces más de lo que se declarara oficialmente.

¿Cómo se consigue el dinero? Pues bien, hay funcionarios o postulantes que sacan préstamos personales e hipotecarios para prestar dinero para la campaña. Eso está bien. Después hay casos de funcionarios que piden aportes obligatorios a sus empleados, o el caso de los ñoquis cuyo sueldo en un 80% va a la campaña. De más está decir que eso no lo está.

Y, recientemente, en nuestro país, hubo dos causas que mostró sospechas en las campañas. Cada denuncia, con un nivel de exposición diferente. Por un lado, lado, la famosa causa de “los cuadernos de Centeno”. Y por otro, los “aportantes truchos” a la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires.

Desde la última campaña presidencial pasaron tres años. Poco ha hecho este gobierno para transparentar el financiamiento de las campañas electorales.

Recientemente se supo que la Cámara Argentina de la Construcción apoyó "las diversas iniciativas en discusión" tendientes a dotar de "mayor transparencia a las campañas electorales".

"Una mejor democracia es aquella que puede rendir cuentas en todo sentido, tanto en la gestión de los dineros públicos como en la explicitación del origen de los fondos utilizados", destacó mediante un comunicado la entidad que preside Julio Crivelli.

La Cámara sostuvo que "en particular considera que van en el sentido correcto las iniciativas de entidades como Red de Acción Política, Cippec y Poder Ciudadano, entre otras, que trabajan desde hace tiempo en pos de una mayor transparencia en el financiamiento político y electoral".

La entidad se pronunció así luego de que el año pasado el ex titular de la Cámara Carlos Wagner quedara detenido en la megacausa por cohecho en la obra pública revelada en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

¿Y con los aportantes truchos de Cambiemos? Esta causa es menos conocida: los grandes medios no la replican diariamente. Allí, de acuerdo con un informe de la ONG La Alameda, se determinó que varias empresas de seguridad privada y de la construcción, figuran como entusiasmados aportantes para la campaña que llevó al poder a Macri. Posteriormente, estas empresas ganaron contratos millonarios.

Aún más polémico, es el hecho de que dichos aportes se realizaron a nombre de alguno de sus empleados, quienes rechazan haber puesto un solo peso para la campaña de Cambiemos.

Y lo más curioso es que ambas tramas se conectan: de acuerdo con lo publicado por el diario Perfil, el juez federal Luis Rodríguez se desprendió ayer de la causa por los presuntos aportes falsos en la campaña presidencial de Mauricio Macri. La decisión de Rodríguez de rechazar la causa se dio en medio de la tormenta que enfrenta el juez, denunciado por supuestas coimas a Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner, a quien Rodríguez investigó hasta el año pasado por enriquecimiento ilícito. Ariel Lijo podría ser el nuevo juez del caso, si elige aceptar la causa que le envió Rodríguez.

¿Qué pasa en otros países? Sencillamente, no se permiten los aportes en efectivos. Todo tiene que estar bancarizado, para que pueda haber una trazabilidad del dinero a partir de los registros.

La pregunta es sencilla: si es tan fácil modificar esta situación, ¿por qué no se hizo? La respuesta, además de contundente, es desesperanzadora: sería romper el molde con el cual están hechos todos los partidos políticos en la Argentina. Y es tan idealista proponer eso como esperar conseguir “pobreza cero” en 4 años. Pero... ¿a quien no le gustaría?