A partir de la sanción de esta ley, el abuso sexual infantil pasa a ser un delito de acción pública.

Con esta modificación, se intenta aumentar el índice de casos que llega a la Justicia. Hasta el momento, solamente podía iniciarse un proceso contra el agresor si los representantes de la víctima menor de edad accedían. Ahora, el Estado podrá iniciar la causa de oficio.

En la Argentina, varias leyes indican qué hacer en caso de tomar conocimiento de un abuso sexual infantil. El deber de denunciar los casos de abuso sexual está indicado en varias normas: la Ley Nacional 24.417 de protección contra la violencia familiar (art. 2); la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (art. 30 y 31); la Ley 26.206 de Educación Nacional (art. 67), y leyes procesales penales de las diversas jurisdicciones del país establecen el deber de todo funcionario público de denunciar los delitos de los que tengan conocimiento. La obligación de denunciar rige tanto para las situaciones de abuso, como para las de maltrato, negligencia y abandono.

Sin embargo, en el caso de un delito sexual, tomar conocimiento y denunciar no significaba hasta ahora que la Justicia pudiera intervenir.

El hecho de que se tratara de un hecho de instancia privada significaba que el padre, madre o tutor tenían que dar su autorización para que se iniciara una investigación. Es decir debía iniciarse una trabajosa acción en la justicia civil para que un juez les quitara a los abusadores o sus cómplices la patria potestad sobre la víctima, desmenuzó en su portal el canal de noticias TN.

Según un informe de UNICEF, en la mayor parte de los casos, no suelen detectarse lesiones físicas que permitan identificar al agresor, ni una conducta inequívoca de las víctimas. "Si no hay lesión, no hay abuso", dicen los incrédulos.

Además, por lo general, no hay testigos de los hechos y suele dudarse de la palabra de los chicos. Cuando el abuso se da en el ámbito familiar, es decir el agresor es un padre o madre, un abuela o abuelo, un tío o incluso un hermano, la indefensión de la víctima es extrema.

LA SITUACION

El abogado especializado en abuso sexual infantil Juan Pablo Gallego explica cómo cambia la situación de los menores con la sanción de esta ley.

"Por ejemplo en el caso del cura Grassi, los tutores de los menores en situación de calle que denunciaron haber sido abusados por el sacerdote fueron los que instaron la acción legal. Si la tutoría de las víctimas hubiera recaído en el pedófilo, no podría haberse avanzado bajo la legislación anterior. En el caso del 'doctor Violín', un médico acusado por su hijastra de haber abusado de ella y por una familiar cercana de haberla violado, ambas chicas son mayores. Pero existe la sospecha sobre otra menor de edad que pudo haber sido víctima. Si su madre no accede, no hay posibilidad de iniciar una causa. Ahora, que el proyecto de la diputada de Evolución, Carla Carrizo, ha sido aprobado, las cosas cambian para bien".

"Si el delito es denunciado o llega a conocimiento de un fiscal sin que haya denuncia concreta, solo una sospecha, ahora se puede avanzar. Hasta hoy el abuso sexual infantil tiene un bajísimo índice de denuncias porque los perpetradores están en la familia. Si la madre encubría a un padre abusador no se podía hasta hoy investigarlo de oficio. Ahora el delito sexual pasa a ser investigado de oficio, sea denunciado por un vecino, un familiar, un maestro. Es un adelanto enorme, hay un número negro de hechos porque los perpetradores eran los habilitados para instar la acción, lo que garantizaba impunidad", señaló el letrado.