El 29 de julio de 2021 la ciudad de Rafaela se desayunaba con una triste y trágica noticia, de esas infrecuentes, y que marcaría un antes y un después en una familia de esta ciudad.
Se trató del presunto abuso sexual a Mía A., una niña en ese momento de 7 años que asistía al 2° grado del Colegio San José de Rafaela, institución que depende legalmente del Obispado de esta diócesis homónima.

NUEVA DECLARACION
DE LA FAMILIA
En la jornada de ayer, en esta sección de La Opinión, se recibió -luego de un largo paréntesis de tiempo- una nueva declaración por parte de la familia de la niña presuntamente abusada.
El comunicado refiere a la decepción que siente la familia víctima de este hecho, por el informe recibido de la investigación fiscal que tildan de "autocomplaciente", con "omisiones" y que sufrió "perjuicios por incumplimientos".
A continuación se reproduce íntegra y textualmente esta declaración que refleja la visión de las víctimas.
"Comunicado de Prensa.
"Abuso sexual agravado en el Colegio San José de Rafaela el 28 de julio de 2021.
"Como familia víctima del abuso sexual agravado que se cometió en el Colegio San José de Rafaela hemos conocido el informe de gestión por el cual el fiscal regional de la V jurisdicción hace una autocomplaciente evaluación de sus tareas.
"Podríamos haber leído este informe con otro interés si no nos hubiera tocado conocer de cerca las acciones y omisiones del MPA Rafaela. Si contáramos con responsables del MPA que actuaran con profesionalidad y compromiso, el estado de las medidas investigativas sobre el caso que nos afecta sería muy distinto. En resguardo  de medidas en curso no podemos ahora brindar detalles de los perjuicios que la investigación ha tenido por los incumplimientos y desvíos del MPA Rafaela.
"El equipo de profesionales que nos representan los han denunciado en las instancias correspondientes y pronto podrán ponerlos en conocimiento público. Esperamos que en esa oportunidad no tengamos que lamentar nuevos incumplimientos e irregularidades del MPA Rafaela.
"Quebrar la impunidad de casos que afectan a grupos y organizaciones poderosas requiere un MPA de verdadera calidad institucional. Justicia por las infancias.
"Rafaela, 31 de mayo de 2022", concluye.

EL HECHO
El hecho, ocurrido el 28 de julio de 2021, fue denunciado policialmente de inmediato por los padres de la niña, y señalaba que la pequeña habría sido abusada en un baño del colegio presuntamente por una persona adulta en horario escolar.
La niña señaló que se trató de un hombre, y sus dichos fueron sustentados en su testimonio en Cámara Gesell, y en lo expresado a sus padres por parte de ella. Se aseguraba que se habría tratado de "manoseos" y que el presunto abusador sería una persona «vestida de profesor», se mencionó en aquél momento.
Con la sospecha del hecho sobrevolando las aulas del Colegio, las reacciones no se hicieron esperar. Hubo protestas con sentadas en la calle frente al Colegio, una antipática conferencia de prensa por parte del representante legal del Colegio y el Obispado que exasperó aún más los ánimos de padres y alumnos, y finalmente marchas multitudinarias en la calle que terminaron frente al Obispado de Rafaela acusado de múltiples maniobras que luego fueron enfáticamente desmentidas por la institución religiosa.
Habían pasado pocas horas de la denuncia cuando los alumnos del Colegio anunciaron que no asistirían a clases ese día; y pocos días después se reclamó que, hasta tanto se identifique al agresor, se aparte preventivamente a todo el personal masculino del establecimiento educativo, solicitud que nunca prosperó.
A pesar de los esfuerzos de la familia de la niña, de las multitudinarias marchas de rafaelinos reclamando públicamente, y de -según sus dichos- incansables esfuerzos de la Unidad Fiscal Rafaela y del Obispado, además del paso del tiempo -el mes que viene se cumple un año-, hasta el momento el abusador no fue identificado, ni el hecho ratificado judicialmente.
Un dato que no es menor es que justamente cuando la Fiscalía comenzaba a tomar impulso en la investigación, se conoció que las cámaras de seguridad de la escuela no funcionaban desde un mes antes. Además, tampoco estaba en uso el lector electrónico que permite constatar en detalle el ingreso del personal. Es decir: no había imágenes ni registros de nadie que hubiese entrado o salido ese día de la institución educativa.