Una investigación de la Agencia Télam –de las periodistas Lucía Toninello y Mariana García–, dejó al descubierto que la denuncia contra Grassi no es un hecho aislado: desde entonces cuatro nuevas denuncias se sumaron por año y solo tres casos fueron sancionados con la máxima pena prevista por el derecho canónico: la expulsión del sacerdocio.

Son 59 sacerdotes y tres monjas los denunciados en el país. De todos ellos, ocho recibieron una condena judicial. Los datos muestran cómo un complejo sistema de responsabilidades dentro de la Iglesia permite que rara vez haya condenas.

"La mayoría de los casos no son denunciados. La Iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso.Estos números muestran la arbitrariedad del juicio canónico, porque salvo en casos que son indefendibles o han tenido mucha trascendencia pública, la expulsión no se concreta", explicó a Télam Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y uno de los pocos especialistas en derecho canónico del país que no pertenecen a la Iglesia.

En nuestro país no existen registros registros oficiales sobre la cantidad de sacerdotes o monjas denunciados. Tampoco hay registro de cuántas son las víctimas. Sin embargo Télam confeccionó una lista con nombre y apellido de los 62 religiosos con causas en trámite en la Justicia penal y eclesiástica.