Más cruces entre el Gobierno y Acuña

Locales 10/01/2014 Por
EL CRIMEN DEL NARCO LUIS MEDINA
Al rojo vivo sigue la disputa entre el gobierno provincial y el diputado justicialista Héctor Acuña por la ultrabook marca Mac que fue llevada a un funcionario provincial para que pueda desbloquearla luego de que la misma fuera hallada en la habitación del hotel Pullman donde se alojaba Luis Medina, de presuntos vínculos con el narcotráfico en las zonas oeste y norte de Rosario, acribillado a balazos junto a su novia Justina Pérez Castelli en acceso sur y Ayolas de Rosario el 29 de diciembre pasado.
Para el diputado Acuña "el gobierno (de Santa Fe) debe explicar cuál era la urgencia que tenía para peritar una prueba antes que la Justicia", en torno de la polémica que se desató cuando la jueza de instrucción Alejandra Rodenas, que investiga el doble crimen del presunto narco Luis Roberto Medina (43) y su pareja, Justina Pérez Castelli (23), advirtió que una notebook y un celular de la víctima estaban en manos del área de Tecnología del gobierno santafesino, y decidió que volviera al Poder Judicial.
El propio Gobernador Antonio Bonfatti aseguró que “nada se ha hecho al margen de las disposiciones del Poder Judicial, y vamos a seguir en ese camino, respetando la división de poderes”; mientras que visiblemente ofuscado el Ministro de Gobierno Rubén Galassi disparó contra Acuña: "nos gustaría que en los momentos más difíciles, como cuando el gobernador Antonio Bonfatti recibió 14 balazos en el frente de su casa, el diputado Héctor Acuña hubiese tenido los mismos reflejos para citar en Rosario a la Comisión de Seguridad que preside”, agregando que "no tuvo siquiera la dignidad para aparecer por esos días en Rosario, una actitud totalmente distinta a la que tuvo el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Armando Traferri, quien estuvo codo a codo con el gobernador afrontando esas circunstancias tan complejas”, enfatizó.
Acuña insistió con que "no hubo una solicitud de colaboración del Poder Judicial al poder político, sino que hubo una presentación de dos funcionarios políticos enviados por el ministro de Seguridad (Raúl Lamberto) a peritar la maquina".
Por su parte, la fiscal Cristina Rubiolo declaró que "con la computadora de Medina todo se hizo con intervención judicial desde el primer momento, de modo tal que pueden tener la tranquilidad que la cadena de custodia de la prueba en toda esta causa ha sido respetada y custodiada", y que la máquina en cuestión "está siendo peritada en Gendarmería, de acuerdo a las órdenes que impartió la jueza Alejandra Rodenas"
Quien no se privó de adjetivar la actuación de Acuña fue la diputada oficialista Alicia Gutiérrez quien, tras participar de la reunión de urgencia de la Comisión de Seguridad convocada por el diputado Acuña acusó al diputado peronista de ser “un irresponsable que acusa sin pruebas y entorpece las investigaciones", sospechando que su par le “está haciendo el juego a un sector importante que quiere entorpecer la investigación".
Gutiérrez agregó que “el verdadero propósito del diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Héctor Acuña, era otro totalmente distinto, ya que busca acusar permanentemente a un gobierno, cuyo gobernador y ministro de seguridad están amenazados de muerte por narcotraficantes. Acuña es un irresponsable, que acusa sin pruebas y tomando atribuciones que no le corresponden. En este sentido, considero que le está haciendo el juego a un sector importante de abogados y contadores que están parados en la vereda de la narcocriminalidad".
Además Gutiérrez acusó a Acuña de tener fotocopia del expediente que está bajo secreto de sumario: “evidentemente tenía fotocopias de la causa porque decía que la había leído”, lo que a todas luces se presenta como irregular ya que rige el secreto de sumario. “Si tiene algo es porque alguien le brinda la información”, remarcó.
Acuña insiste en que "lo llamativo acá es que no hubo una solicitud de colaboración del Poder Judicial al poder político sino que hubo una intencionalidad manifiesta del poder político de entrometerse en el Poder Judicial a auditar o peritar una prueba antes que la justicia disponga lo contrario".

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