Mendoza y La Pampa en guerra hace 66 años por el caudal de un río

Nacionales 06 de enero Por
Con el final del 2013, las hostilidades reaparecieron entre ambos estados provinciales por la utilización del Río Atuel, cuyo trazado incluye el sur de Mendoza y el oeste de La Pampa, naciendo en los Andes. Amenazas de juicios y numerosos intentos de acuerdos institucionales no han llegado a nada. La historia de una larga pelea.
Con el fin del 2013, volvieron las hostilidades entre las provincias de Mendoza y La Pampa por el caudal del Río Atuel, un conflicto que lleva nada menos que 66 años, cuando en 1948, se construyó el embalse Los Nihuiles, en el departamento de San Rafael, en el sur mendocino. La clave de la pelea es nada menos que el caudal del río, que Mendoza utiliza en su totalidad, por lo que al trazado en La Pampa no escurre ni una gota de agua. Las razones para esto son varias, y atendibles según las argumentaciones de cada provincia. Lo cierto es que es una guerra que no parece tener fin, pese a los hitos del conflicto, como por ejemplo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1987, y un acuerdo entre provincias del 2008.

El conflicto, hoy

El acuerdo firmado en el 2008 entre ambas provincias necesita ratificación legislativa. Si bien en La Pampa el trámite se completó, en Mendoza recién la semana pasada el Ejecutivo provincial entregó a legisladores el acuerdo para que lo analice y eventualmente lo aprueben. Ese principio de acuerdo se firmó entre los gobernadores peronista Celso Jaque (Mendoza) y Oscar Jorge (La Pampa) y por los ministros del Interior, en ese momento Florencio Randazzo, y de Planificación Federal, Julio de Vido. En él, se establece una cuota mínima de agua que debe llegar a La Pampa, tras el riego en Mendoza.

Los legisladores mendocinos que intentan destrabar el conflicto, con el peronista ortodoxo Guillermo Amstutz a la cabeza, intentarán que sus pares ratifiquen ese acuerdo, y de esta manera dar por terminadas las hostilidades. No obstante, en La Pampa y tras 5 años de espera, la paciencia parece haberse agotado. En setiembre pasado, la Legislatura pampeana aprobó una ley más parecida a un apriete político al gobernador Jorge. Ésta establece que a partir de una mayoría especial, la Legislatura podía encargarle a la Fiscalía de Estado iniciar litigios en nombre del Estado provincial, quitándole así el monopolio de ese tipo de decisiones al Ejecutivo pampeano.

Inmediatamente Jorge reaccionó y mandó a analizar la posibilidad de realizar una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el único tribunal que puede resolver conflictos entre Estados provinciales.

La respuesta en Mendoza no se hizo esperar. El gobernador Paco Pérez intentó bajarle el tono, al afirmar que la judicialización de problemas entre provincias “es el fracaso de la política”. De ahí, que tomó la decisión de poner a consideración, de una vez, el convenio con La Pampa del 2008 en manos de la Legislatura. No obstante, la paciencia pampeana se acaba, y un particular de esa provincia, con aval político, amaneza con volver a plantear el caso en la Corte, con futuro incierto porque ya hay un fallo del máximo tribunal respecto al Atuel, de 1987, en el que le dio a Mendoza el aprovechamiento de las aguas del río casi por completo. Ese fallo, claramente, dejó a La Pampa con una espina en el ojo, que intenta sacarse a través de otros acuerdos o de un nuevo fallo en el mejor de los casos.

En 1987, la Corte nacional estableció que Mendoza puede utilizar el caudal del Atuel para regar nada menos que 75.000 hectáreas (hoy no llegan a 40.000 las hectáreas regadas por el Atuel), y que recién cumplido ese máximo, La Pampa podrá recibir el remanente de agua. De esto se agarra Mendoza para negarse sistemáticamente a dejar pasar el agua del río, ya que “no se completa ni por asomo la cantidad máxima de hectáreas que nos autorizó la Corte a regar”, según la senador radical Laura Montero (UCR).

No obstante, el fallo de la Corte (firmado en ese entonces por los supremos José Severo Caballero, Augusto César Bellusccio, Enrique S. Petrascchi, Jorge Antonio Bacqué y Carlos S. Fayt, en disidencia), instaba a las partes a llegar a acuerdos de utilización del recurso que fueran “auspiciosas” para ambas provincias. En ese sentido se elaboró el acuerdo del 2008.

El conflicto llegó a la Corte suprema en los 80 tras más de 30 años de quejas de La Pampa, ya que según ese provincia cuando el Gobierno nacional (el primer peronismo) realizó el embalse Los Nihuiles, sobre el Atuel, en el departamento de San Rafael, el rio dejó de regar el oeste provincial, puntualmente las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila.

No obstante, los mendocinos siempre han sostenido que de ninguna manera Los Nihuiles afectaron la capacidad del río, sino que simplemente utiliza el agua como generadora de energía eléctrica y que el caudal continúa su curso tras pasar por las turbinas generadoras.

Respeto a obras importantes, en Mendoza algunos sectores políticos no oficialistas han apuntada al Gobierno nacional como el “culpable” de la continuidad del conflicto con La Pampa. Por ejemplo legisladores demócratas, afirman que si se realizan dos megaobras en el sur de Mendoza, el aprovechamiento del Atuel será más eficiente y por lo tanto La Pampa podría recibir algo de agua.

Primero, Portezuelo del Viento, un represa proyectada en 1950 y luego largamente prometida desde finales de los 80 y más cerca en la época del idilio Julios Cobos-Néstor Kirchner, sobre el río Grande, presupuestada en unos 600 millones de dólares; segundo el tan mentado trasvase del río Grande al Atuel, lo que haría que este último viera aumentado su caudal en forma considerable, y por último una serie de obras de impermeabilización que harían que el recurso se aprovechara mucho más.

En el caso de Portezuelo del Viento, a su vez, se haría el trasvase, lo que permitiría además un mejor aprovechamiento de Los Nihuiles, la posibilidad de aumentar la cantidad de hectáreas hoy regadas por el Atuel y el consiguiente logro del mínimo de 75.000 hectáreas puesto por la Corte nacional en 1987 lo que permitiría que el remanente pudiera ser derivado a La Pampa.

Con todo, siempre hay una cuestión que pesa en cualquier novedad respecto al Atuel: la postura casi fanática de un grupo de productores del sur de Mendoza, puntualmente del departamento de General Alvear, quienes amenazan constantemente con realizar protestas de todo tipo si se avanza en cualquier acuerdo.

Por el lado de La Pampa a su vez, la controversia tiene más que ver con una cuestión de orgullo, teniendo en cuenta que no llegarían a las 1.500 hectáreas las que se podrían regar con las aguas del Atuel, un número considerablemente bajo respecto a las 75.000 del sur mendocino.

Por el momento, tanto Mendoza como La Pampa han tomado medidas en pos de alcanzar un acuerdo o volver a enfrentarse en la Corte (cuestión muy poco probable), con la intención de una vez terminar con la guerra de agua. (Fuente:: Lapoliticaonline.com)

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