Acorralada, renunció la procuradora Gils Carbó

Nacionales 31 de octubre Por
El Presidente Macri aceptará la dimisión. Entre los posibles reemplazantes figura Margarita Stolbizer.
FOTO ARCHIVO NA GILS CARBO. La funcionaria está identificada con el kirchnerismo.
FOTO ARCHIVO NA GILS CARBO. La funcionaria está identificada con el kirchnerismo.
BUENOS AIRES, 31 (NA).- Enfrentada con el Gobierno y procesada por la Justicia, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, finalmente presentó ayer su renuncia al cargo, que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre, y pidió que no haya reformas en el Ministerio Público, tal como impulsa el oficialismo.
"A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal", afirmó Gils Carbó en la nota de renuncia dirigida al presidente Mauricio Macri, que fue entregada al ministro de Justicia, Germán Garavano.
La jefa de los fiscales señaló que renuncia "con la esperanza" de que no se lleven a cabo "reformas" que "rompan el equilibrio que debe regir en el sistema de administración de Justicia", luego de que trascendiera el objetivo de la Casa Rosada de modificar el mecanismo de remoción del jefe de los fiscales, cuyo cargo es vitalicio y sólo puede ser desplazado por medio de un juicio político en el Congreso, lo que demanda los dos tercios de los votos.
De esa forma, Gils Carbó dejará a fin de año el cargo que ocupa desde 2012 luego de dos años de enfrentamiento con el Gobierno de Macri y de que en varias oportunidades funcionarios nacionales reclamaran su alejamiento al acusarla de mantener cercanía con el kirchnerismo.
Su renuncia se produjo, además, luego de haber sido procesada el pasado 12 de octubre en una causa que tiene a cargo el juez federal Julián Ercolini como coautora del supuesto delito de administración fraudulenta por la supuesta compra irregular del edificio en el que funciona el Ministerio Público Fiscal, que costó 44 millones de pesos y se pagaron comisiones de 3 millones al hermano del subdirector general del organismo.
La decisión de la jefa de los fiscales se conoció también diez días después de que un fallo judicial declarara inconstitucional el artículo de la Ley de Ministerio Público que establece que la única forma de remover al procurador general es mediante juicio político.
En ese contexto, Gils Carbó sostuvo que trabajó "incansablemente para consolidar el mandato de los constituyentes al jerarquizar esta institución como una autoridad de la Nación independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza, objetividad y eficiencia".
"Las mismas razones que inspiraron mi accionar durante veinte años en la institución y más de treinta al servicio de la administración de justicia motivan hoy mi alejamiento de una gestión, en la cual he profundizado la transformación del Ministerio Público Fiscal para colocarlo a la altura de los tiempos y de las demandas sociales en materia de política criminal, con perspectiva de derechos humanos y acceso universal a la Justicia", indicó en la carta.
Y completó: "Con la esperanza de que esta renuncia disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir en el sistema de administración de Justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal".
Poco antes del discurso del presidente Mauricio Macri en el CCK, en el que no se refirió puntualmente a las reformas en el Ministerio Público Fiscal, el Gobierno celebró la decisión de Gils Carbó y anticipó que le aceptará la renuncia, aunque evitó mencionar sus posibles reemplazantes.
La procuradora había llegado al cargo en 2012, tras la renuncia de Esteban Righi y luego de la caída del pliego de Daniel Reposo, y logró amplio consenso en el Congreso para su designación: el pliego fue aprobado en agosto de ese año, obteniendo 63 votos a favor y sólo 3 en contra en el Senado.
Durante su gestión, mantuvo una estrecha relación con el Gobierno de Cristina Kirchner y fue impulsora de la agrupación Justicia Legítima, cercana a su administración.
La tensión con el Gobierno de Macri se notó desde el primer día y en 2016 el oficialismo intentó impulsar un proyecto para quitarla del cargo, lo que fue desmantelado desde Cambiemos por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien consideró que la iniciativa era inconstitucional.

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