Julio De Vido y la emergencia

Notas de Opinión 28 de octubre Por
Durante 13 años Argentina se gobernó con ley emergencia, un mecanismo excepcional y en ocasiones corrupto.

La Argentina es uno de los pocos países que uso y abusó de un mecanismo institucional de “excepción”: la emergencia económica y pública.
Todas las constituciones permiten que ante situaciones extraordinarias se tomen medidas proporcionales y de excepción: si hay una catástrofe ambiental o un terremoto no se debe hacer una licitación –que lleva 6 meses- para comprar medicamentos o cualquier otro elemento necesario para paliar dicha situación. Además, está la llamada emergencia política o estado de sitio: una grave perturbación social o política que pone en riesgo las autoridades de la República y determina medidas policiales de excepción. Hasta aquí lo normal, ahora bien, Argentina “inventó” otra emergencia, la económica: así como el Estado puede tomar mecanismos urgentes para paliar un daño ambiental o político también podría hacerlo en materia económica. En teoría podría ser, claro que se debe tratar de una situación de crisis y por ende súbita, además toda medida que se tome debe ser razonable y proporcional y sobre todo “limitada en el tiempo”: Así lo dispone la Constitución de 1994 en el artículo 76.
Alfonsín casi no usó este instituto pero Menem sí, incluso fue peor porque lo hizo por decreto: una mañana la radio anunció el congelamiento de los plazos fijos por diez años. La Corte lo convalidó en el caso “Peralta”. Al poco tiempo el Congreso dictó la ley de reforma del Estado y de convertibilidad, fijando al par un mecanismo de emergencia pública por varios años.
Luego vino el gobierno de la Alianza y también uso del instituto, pero acotado… hasta que sabemos lo que pasó en el 2001-2002: 53 % de pobreza, corrida bancaria, 35 muertos en Plaza de Mayo, saqueos, 5 presidentes en pocos días, en fin, un país al borde del abismo. En ese momento la emergencia pareció la única salida, claro que la condición elemental siempre fue que la crisis además debía poner en riesgo a las autoridades públicas.
En el año 2006 el tema económico social se fue superando, pero lo que nadie asimiló en los próximos diez años fue que el Congreso -con una mayoría automática- prorrogó la emergencia cuando no había ya necesidad de la misma. Y lo hizo hasta diciembre de 2017. Macri promete que no la renovará, lo cual será muy sano y es muy probable de que ocurra.
El hecho de que la Argentina tenga un 30% de pobreza u otros problemas serios –como el narcotráfico o el que fuere- no permite una emergencia. La pobreza para habilitar la emergencia debe ser de tal magnitud que provoque un estallido y este a su vez ponga en riesgo a las autoridades, sino no se puede dictar. Hay otras medidas -incluso de poder de policía- que permiten resolver los problemas, pero nunca con una emergencia, mucho menos permanente.
Porque la emergencia determina que se concentren facultades de excepción en el Presidente de turno: así puede dictar medidas legislativas, policiales en materia económica o de otro tipo, etc. Ello conlleva un nivel de discrecionalidad que es un verdadero agujero negro para cualquier democracia.
Durante 13 años una persona acumuló un poder como nadie en la estructura piramidal del Estado argentino: Julio De Vido. Sin emergencia no hubiese podido hacer casi nada de todo lo que hizo.
Esto es en sí mismo una corrupción del sistema institucional. Si además hubo delitos el tema es de una gravedad que merece que la Justicia actúe con un rigor proporcional a los miles de millones de pesos que hay en juego. Ojalá sepamos aprender de esta amarga experiencia y así superarla.

Te puede interesar