"Corrupción", ahora sí en el diccionario kirchnerista

Notas de Opinión 01 de octubre Por
Cristina admitió que en su gobierno hubo hechos de corrupción.
Finalmente llegó el día en que Cristina Fernández de Kirchner no tuvo más alternativa que admitir que, en su gobierno, se registraron "hechos de corrupción". Casi 22 meses después de haber dejado la Casa Rosada, debió resignarse a conceder entrevistas a distintos medios en busca de un reposicionamiento en una campaña que la muestra en una pelea equilibrada con el candidato a senador de Cambiemos, Esteban Bullrich. Es que cuando inició su aventura electoral, antes de las primarias, las encuestas la situaban con una diferencia holgada sobre su principal adversario, aunque el 13 de agosto finalizó en un virtual empate, es decir la ex Presidenta en retroceso y el ex ministro de Mauricio Macri en alza. 
Está claro que Cristina será senadora, pero su proyección en 2019 depende en buena medida del resultado del 22 de octubre. "Creo que (en mi Gobierno) hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable. Y deben responder", respondió ante una consulta de un periodista de un medio internacional en la semana que terminó. Días antes había dejado caer un par de lágrimas cuando le preguntaron qué sintió al ver a uno de los hombres fuertes del Ministerio de Infraestructura, José López, intentando esconder nueve millones de dólares en un convento en una madrugada cualquiera. 
A partir de esta admisión, la palabra "corrupción" ingresó formalmente a la real academia de términos kirchneristas. Pobreza e inflación son otros conceptos que esperan su turno porque, al parecer, constituyen problemáticas que aparecieron en el 2016 a partir del mandato de Macri. 
Con Julio De Vido sentado en el banquillo acusado de estrago culposo y administración fraudulenta, con Lázaro Báez preso por la ruta del dinero K, con José López rumbo a un juicio oral por enriquecimiento ilícito, a Cristina no le quedaron opciones para mantener su postura negacionista. Para colmo, el exvicepresidente, Amado Boudou, también irá a juicio oral por el presunto pago de sobreprecios en la adquisición de 19 autos para el Ministerio de Economía en el 2009. 
De todos modos, Cristina insiste en que se trata de acciones individuales y nuevamente rechazó la acusación de integrar una asociación ilícita aunque existen fuertes sospechas en su contra. Sus bienes y sus millones están embargados por orden judicial en tanto ella afirma que hay una persecución política en su contra. 
La Justicia, mientras tanto, busca redimirse imprimiendo mayor velocidad a las causas contra la corrupción ante la demanda social. En este marco se entiende la decisión de dar por terminadas las investigaciones y avanzar con los juicios, evitando esas indefiniciones eternas que dejan sin castigo a los corruptos. 
Mientras tanto, el gobierno de Mauricio Macri continúa con su mensaje optimista sobre la recuperación de la economía y de que el futuro será mejor a partir del incipiente crecimiento que se consolidará el año próximo. Los brotes verdes que en forma desesperada destacaban los funcionarios nacionales crecieron y hoy se muestran como plantitas en pleno desarrollo.
Los datos del INDEC generaron la última semana todas buenas noticias. La expansión de la actividad industrial, de la construcción, la caída de la pobreza y el hecho de que los salarios parecen haber ganado la carrera contra la inflación en los últimos meses constituyeron las alegrías esperadas justo cuando se necesitan, antes de una elección crucial. En tanto, el fuerte endeudamiento para cubrir el déficit de las cuentas públicas y el déficit del comercio exterior hoy representan los nubarrones en el horizonte. 
Pero también el itinerario del gobierno de Cambiemos se transformó en una batalla de campaña. Cristina y el resto de la oposición cuestionan la reforma laboral que está en la agenda post electoral. Y la reforma impositiva aumenta gradualmente la preocupación de gobernadores e intendentes por la distribución de la recaudación fiscal. 
En este capítulo se entiende la tensión entre los gobiernos de Santa Fe y de la Nación. El gobernador Miguel Lifschitz, como un almacenero, está anotando en una libreta todos los temas sin resolver que tiene con Macri, comenzando por los casi 50 mil millones de pesos que debe cobrar la Provincia por una deuda generada durante el gobierno de Néstor Kirchner y su sucesora, Cristina. 
Ahora se sumó la cuestión de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, cuyo déficit operativo debería ser compensado por el Gobierno nacional. Gremios de estatales y funcionarios del gobierno de Lifschitz ya rechazaron cualquier intento por modificar el organismo que signifique un detrimento en los derechos adquiridos de los jubilados y los futuros beneficiarios previsionales. 
En este escenario, Lifschitz en los últimos días presentó un mapa interactivo de obras públicas y un sistema de información pública para mostrar una gestión transparente, muy lejos del modelo opaco del manejo de la cosa pública que imperó en la era del kirchnerismo. Busca con cada anuncio o inauguración romper la polarización tan marcada en la elección de diputados nacionales que se configuró en las PASO de agosto en Santa Fe, que dejó entre los perdedores a su candidato, Luis Contigiani. 
















Pedro Ulman

Secretario Redacción. Diario La Opinión

Te puede interesar