Censura en Venezuela

Editorial 01 de septiembre Por
Durante estos primeros 8 meses del año en Venezuela fueron cerrados 49 medios de comunicación.
La situación en Venezuela desborda por donde se la analice, llevando su crisis a extremos nunca vistos, con absoluta resignación de los derechos individuales, vulneración absoluta de la Constitución, represión consistente en uso de la fuerza para reprimir manifestaciones, cárcel para los opositores, y una descomposición social que alcanza a todos los ámbitos consecuencia de una economía en total desbarranque con inflación superior a 1.200% a fin de año, falta de empleo y carencia de alimentos, combinada con ausencia de elementos indispensables como medicamentos y atención de la salud. Dentro de esta perspectiva, por si falta algo para que la descripción adquiera todavía mayor dramaticidad, un dato es contundente: en lo que va de 2017 el gobierno de Nicolás Maduro cerró 49 medios de comunicación.
La denuncia fue formulada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, según un detalle completo de 46 emisoras radiales y 3 canales de televisión, lo cual fue divulgado por Talcualdigital, uno de los pocos medios opositores que queda en actividad.
Los cierres se vinieron produciendo con la aplicación de diversas metodologías, sea por presiones y uso de la fuerza, restricciones económicas y cancelación de permisos y concesiones, como en el caso de dos emisoras que se agregaron a esa nómina los últimos días. Tales medidas, tanto por los afectados como por las organizaciones que los nuclean, como ser el Colegio Nacional de Periodistas y la no gubernamental Espacio Público, fueron calificadas de arbitrarias.
"La democracia en Venezuela involuciona", fue una de las expresiones más suaves para calificar lo que viene sucediendo, con una muy fuerte restricción de la libertad de expresión en todo el país bolivariano. Una situación que está desbordada, ya que no sólo los venezolanos en general, sino en especial todo el abanico de la dirigencia opositora, como organizaciones internacionales, se han manifestado públicamente contra las medidas cada vez más forzadas que viene sosteniendo el gobierno de Maduro.
Cabe también destacar que las restricciones no sólo alcanzan a los medios venezolanos, ya que días atrás por orden expresa de Maduro fueron bloqueadas las señales de los canales de TV colombianos RCN y Caracol, ya que desde los mismos se difundían informaciones que no eran del agrado, mucho menos de la conveniencia, del gobierno chavista. En tal sentido, el presidente colombiano Juan Manuel Santos sostuvo que tal medida era "una demostración más de un régimen el que no le gustan las libertades", agregando ante la prensa que por esa razón su gobierno había señalado que Venezuela "se apartó del sistema democrático y cada vez está actuando más como una dictadura".
En realidad, todas estas medidas antidemocráticas e inconstitucionales, vienen siendo aplicadas desde hace tiempo, aunque ahora se profundizaron durante el presente año, en consonancia con la gravedad de la crisis institucional y económica en la cual se encuentra inmersa la nación de Bolívar. Es que el bloqueo sobre los canales colombianos no es la primera medida con consecuencias internacionales, ya que con anterioridad se había sacado del aire al canal colombiano de noticias NTN24, con sede central en Bogotá, lo cual había ocurrido en 2014.
La censura oficial es una confesión de parte sobre la existencia de una dictadura, y a la vez una demostración de debilidad y vulnerabilidad del gobierno. Los voceros gubernamentales no pueden seguir hablando de democracia, de libertad, de Estado de Derecho, mientras haya medios de comunicación cerrados, perseguidos, sancionados por informar. Lo primero que hace un régimen de facto es maniatar a los periodistas e impedir que, mediante la información y la libre expresión, el pueblo se entere acerca de lo que pasa. Tiranos y dictadores no gustan de la libertad de prensa, ni de la crítica, ni de la oposición, de modo que, cercenando también la libertad de comunicación y la libertad política, suelen usar la fuerza para impedir que el periodismo cumpla su importante función en beneficio de la sociedad. El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 -que está vigente-  establece: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

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